El lehendakari desgranó ayer las «siete razones» que otorgan una razón de ser a su nuevo consejo político, que se pone en marcha como tal con retraso sobre las previsiones con las que parecía trabajar el tripartito en la investidura y cuya tarea inmediata será la presentación pública de un plan integral de paz y reconciliación. Tras haber superado ya el plazo de seis meses que se dio a sí mismo Juan José Ibarretxe para elaborarlo, el Gobierno sigue confiando en poder tenerlo ultimado para marzo; un horizonte temporal que algunas fuentes conocedoras de los trabajos creen aún estrecho para el ritmo al que avanzan las reuniones y la suma de documentos entre los distintos departamentos implicados, que se encuentran bajo la coordinación del secretario general de Presidencia, Jesús Peña. El Ejecutivo tiene intención de arrancar formalmente el plan con la colocación de una escultura de Néstor Basterretxea en homenaje a todos los represaliados del franquismo, una de las iniciativas del amplio programa de actuaciones con el que el tripartito recordará el 70º aniversario de la Guerra Civil.

La preparación de ese plan, que recopilará las medidas previstas en capítulos tan diversos como la atención a las víctimas de ETA, la reparación de los damnificados en la dictadura o la prevención de la tortura, ha centrado la atención de Ibarretxe y sus socios de Gabinete, imposibilitados para impulsar un foro de normalización mientras ETA no cumpla la condición exigida y abandone la violencia. Los medios consultados sostienen que el lehendakari, Azkarraga y Madrazo no trabajan aún sobre la búsqueda de una fórmula para el derecho a decidir, pero auguran que estará antes o después sobre la mesa del consejo.

La capacidad de decisión de los vascos -el eufemismo de la autodeterminación- se perfila como el asunto central y más espinoso en un eventual proceso de normalización. El PNV ha incidido en la necesidad de lograr un enunciado que pueda atrae tanto a la izquierda abertzale como a los socialistas.