Drogodependencias dio a conocer ayer el esperado informe con el que los juristas del Gobierno vasco desvelan a quién le corresponde hacer cumplir la ley antitabaco. Justo un mes después de la entrada en vigor de la polémica normativa, las autoridades vascas saben, al fin, qué parte les toca en esta labor. Más o menos, porque alguno de los sujetos implicados, como los ayuntamientos, aún están estudiando el alcance de las frases que pueden leerse en el complicado estudio jurídico. Como la que les otorga la tarea de «imponer sanciones por las infracciones de consumo de tabaco en lugares en los que esté prohibido».

SANCIONES

Fuentes del Ayuntamiento de Bilbao rechazaron opinar sobre esta parte del informe que les atañe porque no han tenido tiempo de analizarlo. «Hay muchísima cautela. Nuestros técnicos lo están estudiando aún, ya que lo hemos recibido esta misma mañana (por ayer)», informaron. Sin embargo, Eudel lo tiene en su poder desde hace tiempo. La Asociación de Municipios Vascos considera que la capacidad sancionadora que el estudio les asigna «es una competencia más, como la de vigilar el botellón. No es una novedad ni un problema».

Pese al optimismo de Eudel, responsables del Ayuntamiento de Vitoria tampoco se atrevieron a opinar sobre el asunto y anunciaron que los directores de Salud de los tres consistorios de las capitales vascas «se reunirán la semana que viene para ver qué opinan y ponerse de acuerdo en los pasos a dar». Porque Drogodependencias tampoco aclaró ayer las muchas dudas que surgen al leer el informe. Eludieron hacer más declaraciones al respecto y remitieron al propio estudio y a la nota informativa con la que lo dieron a conocer.

Aun así, algunas cosas parecen claras. Si los ayuntamientos tienen capacidad sancionadora, los vascos podrán dirigirse a la Policía local -e incluso a la Ertzaintza- para denunciar. A pesar de su eco en los medios de comunicación, esta normativa no deja de ser una ley como otra cualquiera, es decir, que si los municipios son los encargados de multar infracciones de este tipo, el ciudadano debe acudir a los cauces a los que recurriría en casos como, por ejemplo, denuncias por exceso de ruidos.

Las cuantías de las multas aparecen concretadas en la propia ley estatal. Hay tres tipos de infracciones: leves (hasta 600 euros), graves (de 601 a 10.000 euros) y muy graves (de 10.001 a 600.000 euros). Fumar en lugares prohibidos es una falta leve que al tercer incumplimiento se considera grave.

Para violaciones en materia de información, publicidad, promoción y venta de tabaco, la tarea de abrir expedientes y sancionar es de Drogodependencias.

INSPECCIONES Y VIGILANCIA

El informe reparte «el control e inspección, así como los expedientes sancionadores» entre el Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos, «conforme a sus competencias en materia educativa, cultural, de seguridad ciudadana, comercial, sanitaria, de servicios sociales... Es decir, que la inspección recae en todos los poderes públicos de Euskadi». Esto supone que habrá diez organismos vascos -entre consejerías, diputaciones y consistorios- velando por el obligado cumplimiento de la ley.

Aun así, el informe detalla que todos ellos deberán estar «bajo el liderazgo de Drogodependencias», entidad a la que corresponde «la planificación y coordinación de las actuaciones reguladas en la ley». Este organismo informa en su nota de que hay suficientes servicios de inspección, por lo que no se crearán otros nuevos para esta ley.

PREVENCIÓN

Al igual que en la inspección, las medidas preventivas también corresponden a «todos los poderes públicos». En este sentido, Drogodependencias se declara más partidario de propuestas de prevención, información, de espacios sin humo y de subida de precios que de «políticas prohibicionistas y restrictivas, de efectividad limitada».