La Liga de Fútbol Profesional (LFP) se ha visto obligada a suspender pagos, lo que en términos jurídicos ahora se denomina concurso de acreedores, con el fin de garantizar que su patrimonio y el de los clubes no serán embargados, para hacer frente a la deuda de 25 millones de euros que el organismo mantiene con Antena 3 TV. La solicitud de esta medida judicial es una estrategia de la patronal para negociar con la televisión la reducción o el pago aplazado de la ejecución de la sentencia judicial que condenó a la Liga a indemnizar a esta cadena, por la venta a Dorna de los derechos de los partidos de Primera y Segunda División en 1989.