Tras un inoportuno forcejeo, PP y PSOE han recompuesto definitivamente el consenso en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, desde ayer a debate en la Comisión Constitucional del Congreso. El entendimiento indica que todavía quedan restos de sentido común en los negociadores de ambas partes y, sobre todo, que los dos grandes partidos aún contemplan la necesidad de que los asuntos que se refieren a la estructura del Estado y rozan la materia constituyente sean tratados y resueltos de común acuerdo, tanto por preservar las esencias y la integridad del marco cuanto para asegurar la estabilidad institucional, que queda así salvo de vaivenes y alternancias.

La reforma del Estatuto valenciano es la primera que se suscita en una comunidad 'no histórica', por lo que inevitablemente servirá de pauta a las restantes en un proceso que aparece ya imparable y que se extenderá a todo el mapa autonómico español. Más allá de la llamada 'cláusula Camps', de problemática constitucionalidad pero de gran calado político y que lo vincula al futuro Estatuto catalán, al disponer que las Cortes Valencianas promoverán una actualización cada vez que una comunidad autónoma asuma una competencia no prevista, el ejemplo valenciano evidencia lo conveniente que hubiera sido plantear las reformas estatutarias con una visión global y criterios consensuados.

Ayer comenzaron también los contactos Rubalcaba-Zaplana sobre el Estatuto catalán, a punto de iniciar su recorrido en la Comisión Constitucional, y el PP planteó las diez 'líneas rojas' que a su juicio no deberían traspasarse. Unos requisitos que en los aspectos realmente relevantes -eliminación del blindaje de las competencias, oposición a la bilateralidad o multilateralidad del modelo de financiación- no están lejos de lo que han concertado el Gobierno y CiU. En suma, el consenso ya cuajado en torno al Estatuto valenciano y la moderación sustancial del texto surgido del Parlamento catalán sugieren la conveniencia de que las dos grandes fuerzas converjan cuanto antes en una negociación que establezca las líneas maestras de una reforma territorial que debe estabilizar España y no sumirla en una crisis que podría resultar tan destructiva como inevitable.