El PSOE dio su brazo a torcer. El Estatuto valenciano -aprobado ayer por la Comisión Constitucional del Congreso- se referirá a la lengua cooficial de su comunidad autónoma como «idioma» y el porcentaje de votos exigido a las fuerzas políticas para formar grupo parlamentario se mantendrá en el 5%. El PP tuvo que hacer una mínima cesión para salvar el pacto que mantenían las dos fuerzas mayoritarias desde que el texto fue aprobado en las Cortes valencianas: los porcentajes electorales no aparecerán en el texto. Sin embargo, permanecerán tal cuál están en la ley electoral, cuya modificación exige el difícil acuerdo de dos terceras partes del Parlamento autonómico.

Lo que durante la última semana parecía al borde de la ruptura se saldó, pues, con un apretón de manos. Los socialistas no cumplieron con su amenaza de apoyar las enmiendas de las formaciones minoritarias para rebajar al 3% la 'barrera electoral' y preservar la «unidad de la lengua catalana». Se contentaron con una modificación que evitará tener que convocar un referéndum en el futuro si se quiere alterar el número de votos requeridos para entrar en la Cámara valenciana.

Este acuerdo -alcanzado en la madrugada de ayer, jueves, entre los portavoces del PSOE, Ciprià Ciscar, Ramón Jáuregui y Diego López Garrido, y los del PP, Federico Trillo, Soraya Sáenz de Santamaría y Jaime Ignacio del Burgo- provocó la indignación de Izquierda Unida. Su representante, Isaura Navarro, acusó a los socialistas de haber mantenido una actitud «incoherente y poco ética». A su juicio, nada ha cambiado: «Nos quedamos con la barrera del 5% y sin la representación de 200.000 valencianos», denunció.

La ley más exigente

La ley electoral valenciana es la más exigente de España. Los partidos políticos tienen que superar el 5% de los votos emitidos en toda la comunidad autónoma para acceder a un escaño y no basta con lograrlo en una sola circunscripción, como ocurre en la mayoría de las autonomías pluriprovinciales. Esta condición dificulta el acceso de las formaciones minoritarias al Parlamento. De hecho, en los últimos comicios sólo el PP (con mayoría absoluta), el PSOE e Izquierda Unida lograron representación parlamentaria. El Bloc Nacionalista Valencià y Unió Valenciana quedaron, en cambio, fuera.

El malestar de los grupos pequeños se vio reflejado en una larga discusión durante el debate en la Comisión Constitucional, que estuvo a punto de dar al traste con los propósitos de socialistas y populares. Para eliminar del texto las referencias a los porcentajes era necesario modificar una enmienda ya existente, y dado que ni el PP ni el PSOE contaban con enmiendas al artículo en cuestión, se vieron obligados a servirse de las presentadas por IU, ERC, CiU y el Grupo Mixto. El problema fue que no contaban con su permiso.

Al conocer la jugada, los portavoces de todas estas formaciones optaron por retirar sus propuestas, lo que abrió una sonada discusión, reglamento en mano, sobre lo adecuado o no del procedimiento. Finalmente, fue la Mesa la que resolvió a favor de los grupos mayoritarios, aunque la decisión no sirvió para acallar las protestas y acusaciones de filibusterismo.

El texto se debatirá y votará el próximo día 9 en el pleno del Congreso y posteriormente se remitirá al Senado. En el caso, poco probable, de que allí sea modificado, volverá a la Cámara baja. Si no, pasará a las Cortes valenciana para su aprobación final.