El secretario de Justicia norteamericano, Alberto Gonzales, rindió cuentas ayer por las escuchas extrajudiciales cometidas en Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001. Gonzales compareció ante senadores que cuestionan la legalidad de este método de la 'guerra contra el terrorismo'.

Desde hace un mes y medio el Gobierno de Bush sostiene una ofensiva para contrarrestar el impacto que suscitó la revelación de estas escuchas por 'The New York Times'. Es la primera vez que los senadores pudieron interrogar directamente a un funcionario de la Administración, durante una audiencia muy mediatizada de la comisión de Asuntos Judiciales del Senado.

La izquierda mantiene una fuerte presión sobre este asunto, que inquieta a los defensores de las libertades civiles: la organización MoveOn.org comenzó a difundir un vídeo comparando a George W. Bush con Richard Nixon, obligado a renunciar en 1974 por un caso de escuchas políticas.

Hace tres semanas, el presidente de la comisión que comenzó a interrogar a Gonzales, Arlen Specter, no dudó en sostener que, si el Congreso llega a la conclusión de que George W. Bush violó la ley al autorizar estas escuchas, «el juicio político es un remedio».

«No conozco ningún fundamento jurídico que permita saltearse» la justicia para ordenar las escuchas, declaró en diciembre otro miembro de la comisión, la también republicana Lindsey Graham.

Del lado demócrata, las preguntas prometen ser todavía más agresivas. El 'número dos' de la comisión, Patrick Leahy, ya presentó un borrador de resolución afirmando la ilegalidad de las escuchas. Edward Kennedy previno que esperaba «respuestas verdaderas», y Russell Feingold, un hombre de ambiciones presidenciales, acusó a Bush de comportarse como «un rey».