La reforma del Estatuto catalán inició ayer su tramitación parlamentaria con la creación de la ponencia que analizará las enmiendas al proyecto. Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, apeló en la sesión constitutiva al espíritu de consenso que presidió la Transición para abordar el debate estatutario. En el plano partidario, CiU sigue con su estrategia de desgaste al tripartito. Ayer fue su 'número dos', Josep Antoni Durán Lleida, quien intensificó la presión al abogar por un pacto entre la federación nacionalista y el PSC, que excluya a ERC, tras las próximas autonómicas.

La ponencia, formada por once miembros del Congreso y otros tantos del Parlamento autonómico, dispone hasta el 6 de marzo para elaborar un dictamen que será debatido por la Comisión Constitucional y la delegación de la Cámara catalana, antes de elevar el asunto al pleno del Congreso. El mensaje de Guerra ante los comisionados fue claro: evitar el «círculo» de confron- taciones requiere «voluntad de acuerdo». «Invito a todos a hacer un esfuerzo por el consenso y pido y ofrezco sentido común para superar las posiciones previas», señaló.

La reunión se desarrolló en un clima pacífico, lo que no impidió constatar una vez más la amplia brecha que separa a los dos partidos mayoritarios. El portavoz del PP, Eduardo Zaplana, reprochó a los socialistas sus «conversaciones extraparlamentarias» con las formaciones catalanas y les echó en cara su pacto «oculto» con CiU. El diputado popular arremetió contra la propuesta por «innecesaria», por vulnerar preceptos constitucionales de los que no quiso hablar y por «rezumar desconfianza hacia las personas». «Es -sentenció- una obra de ingeniería contra la libertad». Su tono implacable contrastó con el más conciliador del presidente del PP catalán. Josep Piqué aseguró que mantendrá la misma posición de rechazo al texto defendida hasta ahora, pero admitió la posibilidad de «desarrollarla y matizarla» a lo largo del debate.

También partieron del rechazo, aunque por motivos opuestos, los representantes de ERC. Fiel a su tradición de adoptar un tono suave en sus visitas a Madrid, el presidente de la formación, Josep Lluís Carod-Rovira, se limitó a señalar que Cataluña «necesita instrumentos útiles» de financiación y autogobierno y a advertir al PSOE de que «se juega la credibilidad del discurso plural». Fue el portavoz parlamentario, Joan Tardá, quien anunció su 'no' provisional al texto acordado entre José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de CiU, Artur Mas, y quien acusó a los socialistas de desleales. «Partimos del 'no' a la desnaturalización del Estatut, pero podría esto variar si hubiera valor para retomar el diálogo sobre el texto aprobado originariamente», señaló.

Amenaza convergente

Desde Barcelona, el secretario general de CiU, Josep Antoni Durán Lleida, reiteró su llamamiento a ERC a que «se lo piensen y acaben votando a favor» en aras de la «unidad nacional», y como en días anteriores se mostró incluso dispuesto a colaborar con los republicanos «para que den un paso más en alguna materia». No obstante, criticó su política «de pancarta» y les responsabilizó -junto a la «incapacidad» de Maragall para dirigir el Govern- de la «parálisis» que, a su juicio, sufre el tripartito. «Está integrado por partidos sin experiencia ni cultura de gobierno», acusó Durán Lleida en alusión a ERC. Y añadió que, aunque para hablar de pactos hay que «ganar las elecciones», «los temas importantes del país no se pueden resolver sin un entendimiento entre PSC y CiU».

Otras fuentes de CiU consultadas por la agencia Efe advierten que, si ERC mantiene su rechazo al Estatut y no sale del Gobierno de la Generalitat, la federación nacionalista se plantea la posibilidad de bloquear la tramitación del texto en las Cortes.