Las ventas de cava catalán descendieron un 7,27% en España durante 2005, pese a alcanzar los 93,5 millones de botellas (el 42% de su negocio total), debido al boicot por cuestiones políticas. Así lo anunciaron ayer los responsables del sector, quienes destacaron que, por el contrario, las exportaciones del popular espumoso se incrementaron un 6,3% -el doble que en 2004 y su mejor dato en tres años-, con crecimientos superiores al 30% en varios mercados europeos, incluido el francés, cuna de su principal rival, el champán.

Los datos del Consejo Regulador del Cava revelan que el boicot hizo que los ciudadanos españoles redujeran su consumo, sin distinguir su origen. Así, las ventas totales de cava en España, producido o no en Cataluña, cayeron un 6,6%. Algunos fabricantes de esta comunidad optaron por vender sus botellas con etiqueta de otra autonomía -ocurrió con 306.000 envases-, si bien sólo pudieron aplicar este recurso al 25% de la cantidad que comercializaron el ejercicio anterior.

El presidente del Consejo, Gustau García, expresó su confianza en que la situación se «normalice» y puedan «recuperar esas ventas del mercado interior que nunca se debieron perder». En su opinión, el boicot no se basó tanto en la «libre decisión de los consumidores» como en la respuesta de los canales de distribución, que redujeron sus pedidos para obsequios o lotes navideños. Al contrario, las ventas de champán francés en España crecieron un 40% en 2005, al importarse casi un millón de botellas más.

De hecho, sin ese aumento de la demanda de champán, el cava habría exportado más botellas que su rival francés. Aun así, su cifra de ventas al exterior es muy importante, con 128,9 millones de envases. Los crecimientos más importantes entre los 20 mejores clientes del espumoso de origen catalán se dieron en Austria, Portugal, Francia, Finlandia, Suiza y Bélgica-Luxemburgo.

Otro capítulo de la batalla contra el nuevo Estatuto catalán se libra en la Audiencia Nacional, que ha abierto una investigación al magistrado Fernando Bermúdez de la Fuente. El presidente de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal intentó el pasado viernes recabar firmas de los funcionarios de su departamento para el referéndum sobre el Estatut que propugna el PP. Su caso podría ser visto por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial.