Los Ayuntamientos vascos están en pie de guerra por culpa de la ley antitabaco. Y no porque vean la normativa con malos ojos, más bien al contrario: mientras Drogodependencias se refería a ella la semana pasada diciendo que las propuestas «prohibicionistas y restrictivas tienen una efectividad limitada», los consistorios vascos «muestran su absoluta conformidad con las intenciones de la ley, convencidos de que sirve para mejorar la salud pública de la ciudadanía». Esto queda expresado en el acta de la reunión mantenida ayer en San Sebastián por los directores de Salud de las corporaciones de las tres capitales. Querían acordar su postura sobre la decisión del Gobierno vasco de otorgarles a ellos la capacidad de sancionar a la gente que fume en lugares prohibidos. He aquí el problema. El acta refleja «el rechazo a la competencia por lo que tiene de imposición» y se pide «el inicio de una negociación con el departamento gubernamental correspondiente».

El informe encargado por Drogodependencias al equipo de juristas del Ejecutivo autónomo ha levantado ampollas en muchos de los ayuntamientos vascos, pese a que Eudel en un primer momento aseguraba que esto no iba a suponer ningún problema, que era una competencia más. A la espera de ver qué conclusiones se sacan en la reunión que este organismo ha convocado para el jueves con una representación de los municipios vascos, los alcaldes de algunas de las principales localidades ya han expresado su opinión. Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Barakaldo, Portugalete, Bergara, Idiazabal... Y no es precisamente conformista.

La semana pasada lo hacía el alcalde de Vitoria: «Otra vez nos quieren pasar el mochuelo a nosotros, que siempre somos los paganos», decía Alfonso Alonso, mostrando su enfado. Ayer habló Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao, que ha esperado a tener en su mano los resultados de un informe elaborado por el equipo municipal de juristas. Azkuna, en una nota, rechaza la «interpretación del Gobierno vasco» que atribuye a los ayuntamientos el poder sancionador, y critica también que el informe del Gobierno vasco se haya hecho «sin consultar» a los consistorios, así como que se haya «derivado, nuevamente, la aplicación de leyes a los municipios».

Los juristas municipales, a través del jnforme que esgrime Azkuna -al que ha tenido acceso este periódico-, encuentran en el propio estudio del Gobierno vasco la argumentación para su protesta: En él se recoge que «la ley estatal establece que los órganos competentes de las Comunidades Autónomas ejercerán la instrucción de los expedientes sancionadores y la imposición de sanciones». Pues bien, a su juicio, la expresión «órganos competentes de las Comunidades Autónomas» se refiere a dichas Administraciones, o, lo que es lo mismo, al Gobierno vasco: «Es evidente que el alcalde no es un órgano de la Comunidad Autónoma, sino un un órgano específico de una Administración independiente de ella, como es el Ayuntamiento».

El alcalde de Bilbao, en base a esto, anunció ayer que no va a pedir a la Policía Municipal que aplique la ley antitabaco por considerar que no es de su competencia y recuerda que «la guardia urbana en estos momentos está centrada en velar por la seguridad ciudadana en Bilbao, por garantizar el tráfico y hacer cumpir las ordenanzas propias del municipio».

Recuerda también que «para delegar cualquier competencia -en referencia al Gobierno vasco- hace falta la aceptación del municipio interesado, salvo que por ley se imponga obligatoriamente, en cuyo caso habrá de ir acompañada obligatoriamente de la dotación económica para desempeñarla». Esta misma petición es la que hacen desde el ayuntamiento de San Sebastián, que considera que no se puede «derivar esta competencia sin una consulta a los ayuntamientos».

«Con prepotencia»

Igual que Azkuna piensan alcaldes como Mikel Cabieces, de Portugalete, y Tontxu Rodríguez, de Barakaldo. Éste expresaba ayer su disconformidad: «No han hablado con nosotros. Dicen que debemos dedicarnos a impedir que la gente fume sin darnos recursos y esto es muy complicado». Como Azkuna, avisa de que no va a poner a la Policía «a requisar tabaco porque no es una competencia del ayuntamiento, sino de la Comunidad Autónoma Vasca, que está deseosa de tener competencias, y cuando las tiene, las deriva sin más». Rodríguez asegura que en Eudel ya ha habido quejas de muchos ayuntamientos. «Los alcaldes lo tenemos todos claro. Esto es muy difícil de cumplir».

El de Portugalete, por su parte, acusa al Gobierno vasco de actuar «con prepotencia al no haber hablado antes con los ayuntamientos». Cabieces atribuye también al Ejecutivo de Vitoria la potestad que éste, a su vez, le entrega a él. «Nuestros técnicos dicen que no es así. Si quieren delegar esa competencia, primero tiene que preguntarnos y nosotros tenemos que aceptarla. Y nunca se debe aceptar una competencia sin recursos. Otra cosa es que el Parlamento, por ley, nos obligue, pero, por el momento, no estamos hablando de eso».

La semana pasada, los alcaldes de Idiazabal, Bergara y Azkoitia ya avisaban de que no iban a ejercer este poder para evitar que en los frontones se fumase porque no estaban seguros de que les correspondiera y que, si así fuese, no sabían cómo hacerlo. Todos están a la espera de ver los resultados de la reunión del jueves en la sede de Eudel.