El Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía, investiga la existencia de un presunto acuerdo de reparto de mercados entre las tres cajas de ahorros del País Vasco -BBK, Kutxa y Vital- y Caja Navarra (CAN).

Según pudo confirmar ayer EL CORREO, el expediente fue abierto a finales del pasado julio -de oficio, según algunas fuentes consultadas- al estimar ese organismo que las argumentaciones esgrimidas por los presidentes de la BBK, la Vital y la Kutxa para justificar su fusión podían esconder alguna actuación irregular del pasado. A Competencia le llamó la atención el hecho de que la integración entre las tres entidades -frustrada en octubre- no generara solapamiento alguno de oficinas entre ellas y que, más o menos de forma velada, se reconociese que cada una de ellas jamás había tenido interés en invadir el territorio de las otras dos. La investigación se amplió a Navarra, ya que esas tres cajas comparten con la CAN la Federación Vasco-Navarra y también es evidente que no han existido muchos intentos por 'agredirse' comercialmente de forma recíproca.

Documentación

La presencia de cualquiera de estas cuatro cajas en el territorio natural de las otras tres es casi insignificante y en algunos casos testimonial o inexistente. Sin embargo, se han expandido de forma notable por otras comunidades de toda España.

Las entidades conocen la existencia de la investigación del Ministerio de Economía. Sus consejos de administración fueron puntualmente informados hace meses. Incluso, se han visto obligadas a aportar numerosos datos y documentación que les ha requerido el Servicio de Defensa de la Competencia para analizar esta cuestión.

Caja Navarra anunció la pasada semana su decisión de abrir en los tres próximos años 50 oficinas repartidas entre Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, con lo que irrumpía en el País Vasco por primera vez en su historia. Fuentes conocedoras del proceso enmarcan la medida en este contencioso y sostienen que, con ella, trata de mandar un mensaje «conciliador» al organismo dependiente del Gobierno central para evitar acciones de mayor calado y, en última instancia, una sanción económica. Según el procedimiento establecido en España para este tipo de casos, si el servicio del ministerio encontrase indicios suficientes de la existencia de acuerdos de reparto de mercado, remitiría el expediente al Tribunal de la Competencia para reclamar así una sentencia.

¿Qué pacto?

Fuentes de estas cajas financieras han negado la existencia de pacto comercial alguno entre ellas. Han argumentado que su nula presencia en los territorios de las otras tres se debe a «una falta de interés» comercial y a que sus procesos de expansión los han dirigido, y lo seguirán haciendo en el futuro, hacia otras áreas -Madrid, Levante o Andalucía- con mayores posibilidades de crecimiento.

Por otra parte, han apuntado que el mercado financiero del País Vasco y Navarra presenta ya una competencia extraordinariamente dinámica y agresiva, con la presencia de decenas de entidades diferentes al margen de esta cuatro cajas, hecho que convierte en «marginal» su expansión en los territorios limítrofes.