La Fiscalía cree que es imposible conseguir que los etarras condenados por crímenes anteriores a 1996 cumplan de forma íntegra sus penas hasta el máximo legal de 30 años, sin que para ello influya el número de asesinatos que hayan cometido o la repugnancia social que causen sus crímenes. Los fiscales que actúan ante el Tribunal Supremo sostienen que tanto la ley como la jurisprudencia impiden que los terroristas condenados en virtud del antiguo Código Penal de 1973 permanezcan encarcelados de forma efectiva el tiempo máximo que pueden estar en prisión.

El teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín Casallo, en nombre de todos los fiscales de la Sala de lo Penal del alto tribunal, aseguró ayer que, «si no cambia la ley y la jurisprudencia», la Fiscalía está obligada a apoyar ante cualquier tribunal que las penas a que haya sido condenado un etarra -aunque sean miles de años por decenas de asesinatos- se acumulen en una sola condena máxima de 30 años de prisión.

La jurisprudencia del alto tribunal, «pacífica y reiterada» en los últimos años según la Fiscalía, pretende asegurar con la acumulación de penas, aplicable sólo al delito continuado, que nadie, ni siquiera los terroristas, se vean obligados a cumplir cadena perpetua, algo que prohíbe la Constitución.

La obligación legal de acumular las condenas, sobre la que Martín Casallo afirmó que se siguen «a pies juntillas las resoluciones del Supremo», tiene efectos prácticos distintos según el código penal que se aplique al delincuente. Si se trata de terroristas 'históricos' -condenados con la ley de 1973-, ninguno cumplirá de forma efectiva en prisión más de entre 17 y 21 años de los treinta de la pena máxima acumulada. Se debe a las rebajas de días de condena por trabajo, estudios o labores extraordinarias.

Sin embargo, si los terroristas fueron condenados con el Código Penal de 1996, podrían permanecer encarcelados -si así lo deciden Instituciones Penitenciarias y los tribunales- incluso los 30 años completos de la condena acumulada, porque este código derogó cualquier beneficio penitenciario.

Martín Casallo justificó con estos argumentos la decisión unánime de los 30 fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo de pedir la revocación del auto de la Audiencia Nacional que en abril de 2005 negó a Henri Parot -el terrorista más sanguinario de la historia de ETA- la acumulación de condenas y, por el contrario, le impuso el cumplimiento de dos penas consecutivas de 30 años de cárcel cada una.

La postura de los fiscales del Supremo, contraria a la que sostuvo el año pasado en la Audiencia Nacional el departamento dirigido entonces por el fiscal jefe Eduardo Fungairiño, ha merecido duras críticas del PP y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, al que acusan de pretender facilitar la excarcelación de terroristas dentro de un hipotético proceso de negociación entre el Gobierno y ETA.

Martín Casallo, acompañado en rueda de prensa por los también fiscales de sala Luis Navajas y Juan Ignacio Campos, explicó que, según las «reiteradas» sentencias del Supremo, son acumulables en una sola pena máxima (30 años) todas los delitos que podrían haber sido juzgados en un solo proceso, es decir, todas las condenas que se refieren a crímenes realizados por Parot entre el primer delito y el último juzgados, entre el 2 de noviembre de 1978 y el 2 de abril de 1990.

Autor de 82 asesinatos

De esta forma, la Fiscalía defenderá el próximo 20 de febrero, en la vista a puerta cerrada que se celebrará en el alto tribunal, que el Supremo debe revocar el auto de la Audiencia Nacional y conceder a Parot la acumulación de los 4.799 años de cárcel -26 condenas por 82 asesinatos- en una sola pena de 30 años de cárcel.

De ser así, Parot podría salir de prisión sobre 2010, tras cumplir unos 18 años efectivos de la condena, gracias a la aplicación de los beneficios penitenciarios. No obstante, su salida anticipada puede verse frustrada si progresa un nuevo sumario abierto en la Audiencia Nacional contra el ex jefe del 'comando itinerante' de ETA, por hechos cometidos ya en la cárcel, que le podrían acarrear una nueva condena, en este caso no acumulable.

El fiscal Luis Navajas explicó que esta postura, respaldada por todos los fiscales penales del Supremo, tanto progresistas como conservadores, se toma después de hacer abstracción de los sentimientos de «rechazo y repulsa» que los «execrables» crímenes de Parot les inspiran a todos. Indicó que «tenemos que aplicar la ley con independencia del nombre y apellidos que figuran en el encabezamiento del recurso» y adelantó, con el asentimiento de Martín Casallo, que en todos los casos de etarras similares a los de Parot que se les puedan plantear en el futuro -centenares- «no es previsible la alteración de la postura de la Fiscalía».

Navajas concluyó, ante las críticas dirigidas contra él y sus compañeros del Supremo, que «no hay más criterio político en la acumulación de penas que el que algunos quieren inventarse».