Decenas de miles de trabajadores y estudiantes se manifestaron ayer por las principales ciudades de Francia para exigir la retirada del nuevo contrato laboral para los jóvenes promovido por el Gobierno de centro-derecha. La oposición de izquierdas, los sindicatos y las organizaciones estudiantiles denuncian la precarización del empleo juvenil y la multiplicación de puestos de trabajo 'kleenex', a imagen de la marca de pañuelos desechables de papel.

El denominado 'contrato de primera contratación' es la medida estelar del dispositivo que el Gobierno de Dominique de Villepin ha sometido a la aprobación del Parlamento con el objetivo de yugular el elevado paro juvenil que sufre el país. La tasa de desempleo de los menores de 26 años supera en Francia el 23%, muy por encima del 9,5% que registra de media el conjunto de la población activa.

La principal característica del nuevo contrato es que permite a las empresas con más de 20 empleados en plantilla despedir al joven que lo ha firmado durante los dos primeros años sin tener que dar ninguna justificación. Esta especie de período de prueba es un rasgo compartido con el contrato de nueva contratación , otra innovación gubernamental dirigida a trabajadores de todas las edades en empresas de menos de 20 trabajadores. Esas medidas pretende flexibilizar el mercado laboral y favorecer la creación de empleo, aunque sea precario.

Dos visiones

Para la oposición socialista, detrás de estos «empleos desechables» -o 'basura', en una terminología más al uso en España- se perfila «el fin del contrato de duración indefinida para todos los asalariados». «Hay dos visiones de la sociedad. El Gobierno piensa que se puede salir adelante disminuyendo la protección social y los salarios. La izquierda estima que si hay menos seguridad para todos los trabajadores, habrá menos consumo y menos empleos», analiza el diputado Claude Bartolone.

Por su parte, Villepin arenga a acabar con la «precariedad» del empleo juvenil y a avanzar por la senda de otros países, entre los que cita a los escandinavos, Alemania y España. A su juicio, la disyuntiva se plantea entre el inmovilismo de «hacer creer que la seguridad laboral está en el statu quo» y los cambios «justos, adaptados a las realidades del empleo de hoy y que permitan responder concretamente a los problemas que los jóvenes afrontan todos los días».

En la sesión de control al Gobierno, el primer ministro aseguró que está atento a la voz de la calle. «Pero también escucho a los que no se manifiestan, a los que se desesperan por poder encontrar un empleo estable, a todos los que se preocupan por su futuro», señaló. Poco antes, Laurence Parisot, presidenta de la patronal, se había distanciado de la política gubernamental al mostrarse «reservada» sobre la regulación de la primera contratación porque podría volverse en contra de los jóvenes al «desvalorizarlos».

La opinión pública respalda por una amplia mayoría la movilización contra los nuevos contratos. Un 67% de los sondeados cree justificadas las protestas contra una iniciativa que, según el 60%, aumentará el número de jóvenes en situación de precariedad.