La Audiencia provincial de Madrid acaba de ratificar la nulidad de la venta de la empresa vizcaína Naviera Peninsular (Napesa) al grupo Bergé, formalizada en el año 2000; también que los antiguos propietarios de la compañía deben devolver los 7,2 millones de euros que cobraron en aquellos momentos y, por último, que han de abonar a los compradores una suma que ronda los 5 millones de euros en concepto de indemnización e intereses de mora.

Napesa solicitó la suspensión de pagos tan sólo unos meses después de haber cambiado de dueños. El grupo Bergé aseguró que se sentía engañado, ya que la situación patrimonial de la sociedad no se correspondía con lo que creía haber comprado. La decisión condujo al cierre y quiebra de la naviera, al tiempo que los 130 trabajadores de la plantilla se quedaban en el paro, y los barcos, amarrados en el Canal de Deusto, en Bilbao.

En síntesis, los tribunales han estimado que Bergé incurrió en un «error insalvable» al formalizar la adquisición de las acciones de la naviera, como consecuencia de una información contable que no se ajustaba a la realidad, pero no han aceptado la calificación de «engaño». También por ello han absuelto al gerente de la naviera y a un asesor, a quienes Bergé consideraba también responsables de la situación que se había generado.

En quiebra

Los jueces no han aceptado el principal argumento planteado por los propietarios de Napesa en su defensa, que acusaban a los compradores de haber organizado la operación para eliminar a un competidor del mercado.Estimaban que siendo Bergé un importante operador en el sector del transporte marítimo, con una destacada presencia en el puerto de Bilbao, difícilmente podía haber sido engañado al comprar una empresa dedicada a la actividad.

Sin embargo, la Audiencia ha dado por buenos los informes de valoración de la compañía que establecían que ya en el momento de su venta se encontraba en situación de quiebre técnica, con un valor patrimonial negativo que se podía estimar entre 4,5 y 7 millones de euros.

Así las cosas, la Audiencia ha decretado la «nulidad» de la compraventa de las acciones, lo que supone que, desde el punto de vista jurídico, Bergé nunca fue propietario de Naviera Peninsular. Aunque el precio de la operación se pactó en 12 millones de euros, Bergé únicamente había efectuado un pago de 7,2 millones, ya que el resto estaba pendiente de las auditorías que se debían realizar con posterioridad. En consecuencia, los antiguos propietarios deberán reintegrar al grupo estos 7,2 millones en su totalidad, así como hacer frente a otras responsabilidades económicas. En concreto, Bergé tendrá derecho a cobrar una indemnización cercana a los 5 millones de euros por diversos conceptos.

La cantidad bruta asciende a 6,5 millones de euros, si bien los magistrados han descontado ya el beneficio de Bergé obtuvo al consolidar en su 'holding' las pérdidas de Napesa, lo que le permitió reducir el pago del Impuesto de Sociedades

La partida más importante de esta indemnización tiene su origen en la deuda contraída por Naviera Peninsular con los trabajadores de su plantilla, ya que los tribunales obligaron a Bergé a responder de ella.