Entre llamadas a la paciencia y peticiones de confianza en una mejora gradual, tanto la ministra de Fomento como los directivos de la compañía Iberia, principal inquilina de la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas, han dedicado los días siguientes a la inauguración de las instalaciones a calmar la indignación de unos usuarios que han encontrado caos donde esperaban eficiencia y modernidad. No cabe duda de que por lógica organizativa, casi por inercia, el llamado 'Gran Barajas' tenderá a funcionar correctamente: ayer ya se anunció una puntualidad del 80%. Pero eso no compensa de los daños y perjuicios ya ocasionados, ni tampoco de la mala imagen internacional que se ha proyectado de España y de un aeropuerto en su capital llamado a ser el segundo de la UE por capacidad y puerto de enlace entre Europa e Iberoamérica.

De unas instalaciones presentadas como la mayor obra civil aeroportuaria europea, acordada en 1992, con un coste de 6.200 millones de euros, cinco veces el previsto inicialmente, se podría esperar algún error puntual, pero no la catarata de problemas registrada. Se entiende la complejidad que encierra el correcto funcionamiento de una terminal de esas dimensiones y con sofisticados servicios, pero de ahí a lo ocurrido media un abismo que la ausencia total de explicaciones coherentes de los responsables no ha hecho sino ahondar. A no ser que resulte imposible justificar la absoluta imprevisión vivida en la inauguración de una obra iniciada en 2001 y que, precisamente, había visto retrasada un año su apertura al público para evitar lo que finalmente ocurrió. Si con la T-4 se pretende que la capital de España disponga de una ciudad aeroportuaria, en el Ministerio de Fomento, en Aena, en Iberia -como principal 'usuaria' de las instalaciones- o en los tres sitios a la vez se deberían revisar con carácter de urgencia los criterios de control de la eficiencia que se han manejado en tan lamentables primeros pasos.