El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera , anunció ayer que el Gobierno aprobará el anteproyecto de ley de igualdad entre hombres y mujeres el próximo 3 de marzo y destacó que las empresas de más de 250 empleados deberán contar con planes de igualdad, aunque su alcance dependerá de la negociación colectiva. Caldera hizo hincapié en que la norma no sólo afectará al ámbito laboral, sino que también abarcará el impulso de la igualdad en las instituciones, en la representación política y en los órganos de dirección de las empresas, e incluirá la lucha contra la discriminación y el acoso laboral y sexual.
El titular de Trabajo no quiso avanzar las medidas concretas relativas al ámbito institucional y político porque se está trabajando en ellas, aunque aseguró que el objetivo es «la paridad». Caldera explicó que los planes de igualdad serán obligatorios en las empresas de más de 250 trabajadores y voluntarios en las demás, a pesar de que el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, dijera el lunes que el anteproyecto sólo obliga a las firmas a negociar sobre los planes, no a llegar a un resultado. El ministro precisó que las grandes empresas sí que deberán contar con esos planes, aunque reconoció que dependerá de la negociación colectiva el que sean «más o menos ambiciosos». Sus resultados, explicó, se evaluarán cuatro años después de su implantación.
Cambio cultural
Caldera defendió un cambio cultural en las empresas para que vean que las políticas de igualdad no son una carga, sino que mejoran su competitividad y su imagen. El ministro destacó también la importancia del permiso de paternidad independiente e intransferible -10 días completos o 18 días, de los que dos serán completos y 16 a media jornada-, una medida con la que «nos situamos muy cerquita de los países nórdicos y por encima de la media europea».
El anteproyecto establece un tiempo de preaviso del padre antes de acogerse al permiso, para no perjudicar a ninguna empresa ni perturbar la organización del proceso productivo; el Ejecutivo considera que el padre podría usar el permiso cuándo más le convenga, aunque ese punto se deja en manos de los interlocutores sociales. «Ninguna medida va a perjudicar la actividad económica», insistió Caldera, convencido de que es una ley «en defensa de la familia» que ayuda al hombre a hacerse también responsable del nacimiento y los cuidados del hijo.
Un tercer capítulo importante del anteproyecto será la transposición de la directiva europea de igualdad, que incorporará al ordenamiento jurídico español las definiciones de discriminación directa e indirecta y de acoso laboral y sexual. Caldera destacó además la apertura de «una reflexión acerca del uso del tiempo de trabajo y de la posibilidad de establecer horarios de trabajo flexibles», aunque, de nuevo, «siempre que haya acuerdo con el empresario, porque no se puede perjudicar a la empresa».