La reunión del vicepresidente económico, Pedro Solbes, y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, con los consejeros de Economía de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera parece responder al interés del Gobierno de trasmitir al conjunto del Estado la imagen de que la financiación de Cataluña no es un asunto que se pueda fijar bilateralmente en el futuro Estatuto de esa comunidad, sino que será negociado multilateralmente con todas las demás autonomías de régimen general. Como era en cierto de modo de prever, la reunión, evidentemente prematura, arrojó los primeros desencuentros porque las administraciones autonómicas exigieron conocer los términos concretos del acuerdo entre Rodríguez Zapatero y Mas, del que dependerá la 'cesta de impuestos' que propondrá el Gobierno en el nuevo sistema de financiación. En cualquier caso, de la reunión salió un grupo de trabajo, integrado por representantes del Ejecutivo y de las comunidades, para revisar el actual sistema y buscar un necesario acuerdo que permita, durante 2007, una nueva reforma de la Ley Orgánica de Financiación.

Aunque la falta de transparencia que ha caracterizado el pacto Gobierno-CiU impide todavía conocer con detalle cuál es el modelo de financiación que propondrá el Ejecutivo, es muy importante que el Consejo de Política Fiscal tenga desde el primer momento el exigible protagonismo con el fin de que la fórmula que finalmente se adopte sea equilibrada y satisfactoria para todas las partes. En especial, resulta indispensable asegurar que el Fondo de Suficiencia, que garantiza que todas las comunidades puedan financiar correctamente sus servicios esenciales, dispondrá de la necesaria dotación, con independencia de que, como ya ha anunciado el titular de Economía, se incremente muy sensiblemente el Fondo de Compensación Interterritorial para paliar el efecto negativo de la progresiva pérdida de los fondos europeos de cohesión. Evidentemente, esta negociación, que ha de ser eminentemente técnica, no se podrá desligar por completo de la negociación política, pero conviene que se mantenga lo más racional posible para asegurar que el nuevo modelo, más descentralizado que el actual, no tenga efectos negativos ni sobre el desarrollo ni sobre la solidaridad.