Los ayuntamientos vascos siguen sin tener claro que sean ellos los que tengan que sancionar las infracciones derivadas de la ley antitabaco. En una reunión celebrada ayer en Bilbao, técnicos de varias localidades de Euskadi y los de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) debatieron durante una hora sobre el informe de los juristas del Gobierno autonómico -dado a conocer por Drogodependencias hace unos días- de trasladar a los consistorios la responsabilidad de hacer cumplir la normativa que entró en vigor el pasado 1 de enero. Los representantes municipales volvieron a expresar sus dudas en torno a la competencia sancionadora; es decir, se ratificaron en que no van a ser ellos los que amonesten a la gente que fuma en los lugares públicos.

Pese a que Eudel aseguraba en un primer momento que la ejecución de la ley antitabaco era una competencia más, los ayuntamientos se pusieron en pie de guerra cuando el Ejecutivo autonómico decidió delegar en ellos el poder sancionador. Por eso, en la reunión celebrada ayer se acordó la necesidad de «conformar jurídicamente la posición política municipal» ante las futuras negociaciones con el Gobierno de Vitoria. En un intento por despejar las dudas y aclarar la confusión jurídica actual, la comisión ejecutiva de Eudel, compuesta por 15 alcaldes, se reunirá el próximo jueves, día 16, con el objetivo de poner en marcha «un marco de trabajo interinstitucional» para adoptar una serie de medidas consensuadas de cara al cumplimiento de la ley.

En busca de acuerdos

El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, criticó ayer el desarrollo de la norma por «no haber previsto este tipo de conflictos». Azkuna advirtió de que, cuando se saca una ley, «en lo que se tiene que pensar es en la inspección y la sanción». «¿Qué pasa, que las alcaldías y los ayuntamientos vamos a tener que decir a la Policía municipal que entre a un banco o a un hotel a ver quién está fumando? ¿Lo tenemos que hacer nosotros? Según los informes jurídicos que tengo yo, no».

Lo que parece claro es que, de momento, los alcaldes no van a hacer de policías. Fuentes del Ayuntamiento de Vitoria adelantaron ayer que no aplicarán la ley «hasta que no haya un acuerdo con el Gobierno». La alcaldía de San Sebastián añadió que los consistorios exigirán que el Parlamento vasco desarrolle una norma que les dote de recursos necesarios si, al final, se ven abocados a penalizar las faltas de la ley. Además, insistieron en que no tenían nada claro que las comunidades autónomas puedan subdelegar las competencias sancionadoras a los ayuntamientos.