El Parlamento vasco votará hoy una proposición no de ley que ha sido presentada por la inmensa mayoría de los grupos de la Cámara -todos, menos el Partido Popular-, en la que se exigen determinadas garantías sobre el futuro de la división aeronáutica de Gamesa, que está en proceso de venta. Los partidos considera que, dadas las importantes ayudas que ha recibido esta empresa, se debe exigir el mantenimiento de sus centros de trabajo y de los empleos en el País Vasco.
La proposición señala que existe «incertidumbre respecto al futuro industrial y los puestos de trabajo» de Gamesa Aeronáutica y pide al Gobierno vasco y a las diputaciones que establezcan un «seguimiento puntual del proceso de venta» y que velen por el mantenimiento de su 'cuartel general' en Euskadi. También pide a las instituciones que velen para que esta venta no modifique las condiciones que permitieron a la compañía obtener cuantiosas subvenciones públicas para el arranque y desarrollo de esta áree de negocio.
Fuentes de Gamesa señalaron ayer que, básicamente, coinciden con la filosofía que han expuesto los partidos en esa iniciativa. Así, argumentaron que el proceso de venta se ha dilatado tanto en el tiempo «precisamente porque perseguimos la creación de un grupo local de accionistas». «Esto no es una venta normal -apuntaron- porque siempre ha existido el compromiso de que la división aeronáutica mantenga su centro de decisiones en el País Vasco».
Devolución de ayudas
Los mismos medios aclararon, además, que la mayor parte de las ayudas que recibió la compañía para su proyecto de construcciones de componentes aeronáuticos «se formalizaron como créditos reintegrables, sin interés. Estos créditos -aseguraron- se han devuelto en su totalidad a la Administración e, incluso, nos anticipamos a los plazos que estaban pactados».
Las citas fuentes apuntaron que ha fracasado el intento de acercamiento a las cajas de ahorros vascas para que asuman un papel destacado en el accionariado. Entre las ofertas que Gamesa ha recibido, sin embargo, sí hay algunas en las que participan cajas de otras comunidades autónomas.