El pleno del Congreso respaldó ayer con los votos mayoritarios de PSOE, PP y CC la reforma del nuevo Estatuto de la Comunidad Valenciana. La iniciativa llegó al Parlamento consensuada por los dos grandes partidos, una circunstancia que contrasta vivamente con las vicisitudes de la reforma catalana, lastrada por el enorme desgaste político que ha afectado especialmente al partido en el Gobierno y al tripartito de Cataluña pero también a la oposición. El Estatuto valenciano define la comunidad autónoma como 'nacionalidad histórica' dentro de la 'nación española', aunque se ha suprimido la mención a la 'indisoluble unidad de la nación española' que figura en el Estatuto todavía vigente, que data de 1982. Se mencionan los derechos históricos -los Fueros Históricos del Reino de Valencia- en «plena armonía con la Constitución» y se refuerza el concepto de 'idioma valenciano' al no prosperar los intentos del PSOE de suprimirlo bajo la presión de las minorías. La comunidad valenciana se dotará de un denominado 'Servicio Tributario Valenciano' que evita competir con la Agencia Tributaria estatal con competencias aún poco detalladas para permitir su engarce con la legislación general y, en materia judicial, se anuncia la creación de un Consejo de Justicia, también pendiente de la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial, que habrá de establecer su encaje jurisdiccional y al que se debería acomodar asimismo el Estatuto catalán. Entre las características más reseñables del nuevo texto destaca la inclusión de una carta de derechos sociales y prestaciones públicas, con mención expresa a derechos relativos a la salud, la vivienda, el medio ambiente, la igualdad de género, en línea con las tendencias de renovación y modernización de la mayoría de las cartas autonómicas.

El Estatuto valenciano, que siempre fue visto como el gran precedente al que se acomodarían las restantes comunidades autónomas, tiene su mejor virtud en el consenso conseguido para su elaboración y aprobación entre PP y PSOE, fundamental para su estabilidad futura, aunque haya que matizarlo con la falta de respaldo de Izquierda Unida y las formaciones nacionalistas. La búsqueda del mayor acuerdo posible debería ser la pauta que guiara toda la reforma autonómica si el objetivo que se persigue es dar un impulso global al Estado de las Autonomías y evitar la reapertura permanente de la pugna entre modelos territoriales.