Durante las últimas semanas, según ha confirmado el propio teniente coronel Jeremy Martin, portavoz de Guantánamo, grupos de guardias y personal sanitario han empezado a realizar alimentaciones por la fuerza. Procedimientos que según 'The New York Times' implican la utilización de hasta 25 sillas especiales con múltiples sujeciones para forzar la ingestión de alimentos líquidos con ayuda de tubos. Estas sillas en cuestión, a unos mil euros la unidad, han sido fabricadas por una pequeña empresa de Iowa (E.R.C. Inc.), que las comercializa como 'celdas almohadilladas sobre ruedas'.

Estos procedimientos se prolongan deliberadamente hasta cuatro horas para evitar vómitos provocados y asegurarse la efectiva nutrición de los presos empeñados en protestas suicidas. Este grupo, según han denunciado algunos letrados contratados para velar por sus intereses, también se encontraría sometido a medidas de disuasión como celdas de aislamiento, mantenidas a bajas temperaturas con la ayuda de aire acondicionado y sin acceso a mantas o libros.

Con todas estas determinadas tácticas, encaminadas sobre todo a evitar la polémica y pesadilla que supondría el fallecimiento de uno de estos presos, el número de retenidos en Guantánamo que permanece en huelga de hambre se habría reducido desde finales de diciembre de 84 a 4, todos estables.

Tácticas abusivas

Abogados que han tenido oportunidad de visitar a sus clientes en Guantánamo durante las últimas semanas han descrito estas tácticas como abusivas. A juicio de Thomas Wilner, un letrado de Washington que representa a seis detenidos de Kuwait, «resulta claro que el Gobierno ha terminado esta huelga a través del uso de fuerza y con el tipo de tratamiento más brutal e inhumano. Es una vergüenza».

Para el doctor William Winkerwerder, secretario asistente del Departamento de Defensa para asuntos sanitarios, esta situación representa un dilema moral: «¿Se permite que una persona se suicide? ¿O se toman los pasos necesarios para proteger su salud y preservar su vida?». Tras una revisión a fondo de la cuestión, Winkerwerder ha confirmado que el Pentágono considera legítimas y éticas estas acciones encaminadas «en cualquier circunstancia a proteger y sustentar la vida de personas».