No hace falta mucho tiempo de análisis para llegar a conocer el contenido de la oposición que practica el PP y el alcance de su proyecto político. Con su discurso pretende patrimonializar al máximo el hartazgo de la población sobre ETA y el dolor de las víctimas del terrorismo. No importa el 'quantum' de racionalidad del discurso ni de las ideas que lo sostienen, sólo interesa impactar a la ciudadanía, aunque para ello haya que echar mano de la manipulación y de la mentira.

Sea cual sea la cuestión litigiosa, la estrategia siempre es la misma: propagar entre los ciudadanos la idea de que Zapatero está decidido a complacer a ETA a cambio de un supuesto proceso de paz. Es decir, divulgar la idea de que el presidente del Gobierno está vendido a ETA desde el momento en que propuso al Congreso de los Diputados su disposición a un final dialogado de la violencia. Desde esta posición, da lo mismo un 'roto que un descosido', no hay un portavoz del PP que se sonroje por muy estúpido que resulte el discurso, salvo en el caso de Josep Piqué, que sigue tratando de mantener a duras penas su propia dignidad. Da lo mismo que el objeto del debate sea el Estatut, el relevo de Fungairiño o las excarcelaciones de presos de ETA por acumulación de penas. La respuesta del PP tiene un mismo hilo conductor: el entreguismo de Zapatero a ETA.

No olvidemos que se llegó a decir que ETA estaba tutelando el Estatuto catalán y que la debilitada posición del presidente ante el mismo era consecuencia del precio público impuesto por ETA para el cese de la violencia. Recientemente el relevo de Fungairiño ha sido explicado por el ex ministro Acebes como la expresión de la dejación de responsabilidades del Gobierno en la lucha contra el terrorismo. Ahora la ruleta ha quedado en el espacio reservado a las excarcelaciones de presos de ETA. Estamos ante el caso del preso Unai Parot, condenado a más de 4.000 años en distintos autos, y que ha solicitado con la ley en la mano, la jurisprudencia a su favor y la práctica llevada a cabo durante más de diez años, la acumulación del cumplimiento de las penas en una única con el límite de treinta años.

Uno puede estar en desacuerdo con que Parot se beneficie de la redención de pena por trabajo; uno entiende la desazón que esta cuestión produce entre las víctimas de ETA y hasta comparte la irritación que les produce, cuando, además, sabemos que este preso nunca ha mostrado el mínimo sentimiento de autocrítica y menos de arrepentimiento. Pero lo que no es admisible en términos democráticos es que un grupo político se aproveche del hartazgo de la sociedad y el dolor de las víctimas para lanzarlo a la cara del presidente bajo la acusación de que es el Gobierno el responsable por realizar de la norma «la interpretación más favorable para los terroristas».

Hace cinco años PP y PSOE firmaron el llamado Pacto Antiterrorista. El punto primero del acuerdo comienza así: «El terrorismo es un problema de Estado». Y continúa: «Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo». ¿Cuánto cinismo!

x.gurrutxaga@diario-elcorreo.com