El consejero de Economía de la Generalitat, el socialista Antoni Castells, pidió ayer al País Vasco y a Navarra que se sometan al sistema de solidaridad que comparten el resto de las comunidades españolas. A su juicio, tras el pacto en financiación entre el Gobierno, CiU, el PSC e IC-V, «no tiene sentido que haya comunidades exentas». Esta postura es la que defienden el PSC y en gran medida Iniciativa, mientras que hasta ahora CiU abogaba por un sistema como el vasco y ERC tenía una posición equidistante.

Según explicó Castells, el artículo 202.4 del texto establece que la financiación de la Generalitat «no debe implicar efectos discriminatorios para Cataluña respecto a las restantes comunidades autónomas», un principio que «deberá respetar plenamente los criterios de solidaridad». Por «coherencia», añadió, el Estado debe aplicar a «todas» las comunidades, «con independencia de su sistema de financiación», los mismos mecanismos de solidaridad. El consejero aseguró que el texto pactado es un avance hacia un sistema de «inspiración federal» y puso especial énfasis en conseguir que las autonomías tengan «niveles de servicios similares por un esfuerzo fiscal similar».

El proyecto de Estatut aprobado por el Parlamento catalán disponía que la capacidad de financiación por habitante de la Generalitat debe equipararse gradualmente «a la obtenida en aplicación de los sistemas de Concierto y Convenio vigentes en las comunidades forales». Este precepto se ha eliminado en la negociación posterior, pero a cambio se establece que «la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat realizará los informes precisos para evaluar el cumplimiento» de la «no discriminación» financiera de Cataluña, lo que abre la puerta a la equi- paración con Euskadi y Navarra.

Empieza la ponencia

La reforma del Estatut, mientras tanto, entra hoy en su etapa decisiva en el Congreso. La ponencia empezará a estudiar las enmiendas al texto remitido por las Cortes autonómicas, con el 6 de marzo como fecha límite para entregar su dictamen a la Comisión Constitucional. Alfonso Guerra, quien presidirá los trabajos, apeló al «espíritu de consenso de la Transición» para que los 22 ponentes -11 del Congreso y 11 del Parlamento catalán- encaren la negociación con ánimo pactista y constructivo. Pero su admonición tiene todas las papeletas de caer en saco roto por la beligerancia que muestran los grupos parlamentarios, en especial los dos opuestos al acuerdo fraguado por José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas: el PP y ERC.

Los republicanos anunciaron ayer que cuando el proyecto sea votado por el Congreso y llegue al Senado presentarán una enmienda de veto y propondrán como texto alternativo el proyecto original. La enmienda no tiene visos de prosperar, pero busca dejar en evidencia la renuncia del resto de los partidos catalanes al articulado que aprobaron en el Parlament.

La oposición al acuerdo se trasladó ayer también a las calles de Barcelona. Una treintena de jóvenes independentistas se concentraron ante sedes de CiU y del PSC-a las que se encadenaron uno de ellos- a favor de la autodeterminación y en contra del Estatut. Para mañana se ha convocado una manifestación del mismo signo, a la que se han adherido 1.300 personas.