El presidente de la Sepi, Enrique Martínez Robles, descartó ayer que el Estado vaya a mantener participación alguna en los astilleros públicos cuya privatización entra hoy en la fase final al finalizar el plazo de presentación de ofertas. Los centros afectados son los de Sestao, Gijón y Sevilla, y la fábrica de motores de Manises. El anuncio del responsable del grupo público se produjo en Sevilla y contradicen de forma palmaria la versión dada hasta ahora por los sindicatos sobre los compromisos adquiridos en diciembre de 2004 con el grupo público para la reconversión del sector naval. Esa interpretación , esgrimida hasta ahora, garantizaba que la sociedad estatal controlaría el 49% del 'holding' que se hiciera cargo de las cuatro plantas.

Además, Martínez Robles descartó que se vaya a producir una venta conjunta de los centros, como figura en el pacto suscrito con las centrales sindicales, dado que no hay ninguna oferta en bloque por todos ellos. «Se debe comprender la realidad», señaló al respecto, para abogar a continuación por «encajar esta situación de acuerdo con los sindicatos y la Comisión Europea».

UGT y CC OO, los principales sindicatos que firmaron los acuerdos de reconversión, se apresuraron a exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Sepi. En concreto, UGT pidió que el organismo estatal trabaje en la constitución de un 'holding' para conseguir la venta conjunta, mientras que CC OO fue mucho más crítica al asegurar que el ente público «no ha hecho los deberes y pretende incumplir lo pactado». Por ello, le exigió medidas para que las ofertas presentadas se unan en una sola, que participe en el proyecto asumiendo la inversión necesaria o que inicie de nuevo el concurso de venta. Desde UGT también se admitía la creación de un 'holding' una vez realizada la venta individual.

El 49% de capital

Pero lo que las centrales no pueden exigir es el cumplimiento de lo que no está firmado ni comprometido. Aunque el 19 de octubre de 2004, en pleno proceso de negociación, con durísimas protestas en la calle, la Sepi comprometía ante ellas su participación en un 49% en el capital de los astilleros privatizados, lo cierto es que finalmente esa condición no se recogió en el pacto entre la Sepi y los sindicatos, presentado a Bruselas para su autorización.

UGT y CC OO admiten ahora que no existe esa obligación en el documento, aunque la central socialista apostó ayer por mantener la exigencia de que la Sepi mantenga su presencia.