El Juzgado de Instrucción de Balmaseda paralizó ayer cautelarmente, ante la denuncia interpuesta por la asociación ecologista Izate, el sondeo que el Ayuntamiento de Carranza estaba realizando en La Torca del Carlista para estudiar su posible apertura al público. El juez, que dictó el auto en poco más de una hora, decidió abrir diligencias previas por un presunto delito ecológico.

La resolución judicial acordó la suspensión inmediata de los trabajos y requirió, para ello, a la Ertzaintza y al alcalde, así como a los responsables y operarios de las obras. El Ayuntamiento paralizó el sondeo según tuvo conocimiento de la orden y la Policía autónoma acudió por la tarde al entorno de la torca para verificar la detención de las obras. El auto de ayer solicitó también a la Dirección de Biodiversidad del Gobierno vasco toda la información administrativa relativa al proyecto y ordenó la declaración judicial como imputado del máximo edil, José Luis Portillo.

Normativa ambiental

Izate presentó a mediodía la denuncia contra el Consistorio encartado por incumplir varias normativas medioambientales y por no acatar la orden del Gobierno vasco de paralizar el sondeo. El colectivo también apuntó un posible delito de prevaricación del Ayuntamiento al no respetar la orden de una institución superior.

El auto emitido por el juzgado dio respuesta a las reivindicaciones de Izate. «Estamos contentos porque el juez ha reconocido el presunto delito ecológico y lo ha paralizado inmediatamente», reconoció el portavoz de la asociación, Sergio De Juan, quien destacó la importancia de la rápida resolución judicial, ya que «el sondeo estaba a punto de finalizar».

Responsables del Ayuntamiento de Carranza, por su parte, se reafirmaron ayer en sus tesis. «Tenemos todos los permisos y seguiremos con el sondeo cuando el juez nos lo permita», señalaron. El alcalde, José Luis Portillo, declarará la próxima semana.