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Domingo, 12 de febrero de 2006
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ECONOMÍA
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Cámaras, acción
Las empresas vascas elegirán a finales de este mes a sus representantes en unas corporaciones a las que pertenecen por obligación
PRESIDENTES. José María Echarri, Ignacio Echeberria y Josu de Lapatza. / EL CORREO
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Los esfuerzos del poder político por controlar las cámaras de comercio y también el hecho de que son un 'club' al que los socios no han acudido por voluntad propia, sino por obligación, han colocado a estas instituciones en un difícil punto de su historia: a medio camino entre renovarse y convertirse en auténticas empresas de servicios o morir languideciendo y añorando un pasado de esplendor y boato que ya no volverá. En la última semana de febrero, cerca de 158.000 empresas y profesionales autónomos del País Vasco elegirán a sus representantes en estos organismos para un mandato de cuatro años.

El desarrollo del comercio exterior ha sido el principal objetivo de las cámaras. La formación se ha revelado en la última década como una alternativa 'aceptable' para buscar nuevas razones de ser y también fuentes adicionales de ingresos.

Todas las empresas y profesionales que están dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas pertenecen de forma obligatoria a estas corporaciones, a las que también deben aportar cada año una cantidad de dinero que varía en función de los beneficios que hayan obtenido. «En la práctica -apunta Félix Iraola, secretario general de la Cámara guipuzcoana- este mecanismo supone una fórmula de redistribución interna de recursos entre las empresas. Las más grandes son las que más dinero aportan, pero sin embargo son las que menos necesidad tienen de los servicios que prestamos porque normalmente cuentan con sus propias estructuras de actuación en el exterior, etc.Sin embargo, las pequeñas y medianas, cuya aportación económica es mucho más reducida, son las que más apoyo demandan. Y éste es un esquema que tiene sentido mantener».

Actividades 'fijas'

La actual legislación obliga a que los denominados 'recursos permanentes' -los que las empresas aportan de forma obligatoria- tengan un destino prefijado. Dos tercios de este dinero debe ser destinado a la promoción de la actividad exportadora y un tercio a la formación. La última reforma legal, sin embargo, supuso también un recorte de estas aportaciones obligatorias. Por ello, las cámaras se han visto en la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos.

En el País Vasco se puede recorrer el espectro completo de las opciones que hoy existen. Así, mientras la de Bilbao es la que más cultiva el carácter institucional, propio de una corporación de derecho público, la guipuzcoana es la que ha desarrollado un carácter más 'agresivo' de empresa de servicios. «En nuestro caso -apunta Lorenzo Bergareche, secretario general de la Cámara alavesa- nos encontramos a medio camino entre las estrategias que han desarrollado Guipúzcoa y Vizcaya».

Recursos alternativos

Las tres cámaras vascas han conseguido alcanzar un aceptable nivel de ingresos alternativos, hasta conseguir manejar un presupuesto conjunto que se sitúa en torno a los 26 millones de euros. El dinero procedente de la prestación de servicios se sitúa en torno al 55% en Alava, alcanza el 60% en el caso de Guipúzcoa y es algo superior en el caso de Vizcaya, si bien esta institución desarrolla algunas actividades que exceden de lo que se puede entender como 'atención a la empresa': una escuela de idiomas de carácter generalista y la organización de viajes al extranjero en el verano para estudiantes, entre otras.

«En nuestro caso -apunta Iraola- hemos definido que nuestras actuaciones deben responder a servicios que sean realmente demandados por las empresas, ejecutados con un criterio de rentabilidad y utilidad y prestados independientemente de la procedencia de las empresas». Esta última visión, la posibilidad que una cámara ofrezca servicios a compañías de otro territorio, ha generado no pocos problemas internos, en un mundo en le que los celos están a flor de piel.

La presencia estable en el exterior ha sido para las cámaras vascas otro elemento de discusión; en este caso, con el Gobierno vasco. Desde el Departamento de Industria se ha entendido en algunas ocasiones que estaba produciendo una duplicidad de esfuerzos y que era necesaria una mayor coordinación. En estos momentos, la Cámara de Guipúzcoa -que es la que ha desarrollado con mayor vocación la estrategia de abrir oficinas de representación en el exterior- mantiene un proceso de conversaciones con el departamento, a través de la Spri, para intentar desarrollar una acción coordinada. «Creemos que es bueno sumar los esfuerzos -apunta Iraola-, pero tenemos claro que debemos estar allí donde las empresas necesitan nuestra ayuda, bien de forma física o a través de Internet. Una opción que ha comenzado a ofrecer muchísimas posibilidades de apoyo a las empresas para su relación con el mercado exterior».

De la misma forma, en los últimos años ha crecido de forma considerable la colaboración entre las tres cámaras vascas para desarrollar algunas acciones conjuntas en el exterior, a través de una 'entidad virtual' a la que han denominado Eusko Ganberak. «Es una iniciativa que está funcionando relativamente bien», asegura Lorenzo Bergareche.

Cámaras y patronales

Sin embargo, ha sido la convivencia con las patronales lo que más problemas ha generado tradicionalmente a estas corporaciones. Aunque las organizaciones empresariales tienen representantes en los plenos camerales y su influencia en el nombramiento de los presidentes es palpable, los roces suelen ser frecuentes. Hay una fina línea divisoria para etiquetar a las cámaras como instituciones que representan los intereses empresariales, que siempre despierta los recelos de las patronales.

Por otra parte, la Administración vasca no parece muy inclinada a satisfacer una de las demandas históricas de las cámaras de comercio de Euskadi: la posibilidad de asumir la gestión de importantes infraestructuras, como es el caso de puertos y aeropuertos. Una tarea que sí tienen asumidas este tipo de instituciones en otros países, como es el caso de Francia. Éste es un debate que está a punto de reactivarse, después de que el Gobierno central haya asumido que es posible ceder la gestión de estas infraestructuras a las comunidades autónomas, algo que ya ha aceptado en la negociación del nuevo Estatuto de Cataluña.



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