Desde los albores de la modernidad se nos ha vendido la idea de que progreso equivalía a más felicidad para todos. La realidad demuestra, sin embargo, que cada nueva generación deja tras de sí un número creciente de náufragos. La mayoría de ellos son pobres, que viven existencias precarias. Personas que se ven excluidas de una sociedad que, en la práctica, mutila su condición de ciudadanos. Para atajar esa vergüenza, en marzo de 2000 la Unión Europea lanzó en Lisboa una estrategia que se concretó en una serie de planes nacionales, cuyo objetivo último era la erradicación de la pobreza en 2010. Se trataba de hacer compatible la defensa del modelo social europeo con el aumento de la competitividad. A mitad de singladura, el número de europeos que viven por debajo del umbral de pobreza -60% de la renta mediana del país- se eleva a 72 millones.

En los últimos diez años, la economía española ha dado pruebas de un gran dinamismo. Su tasa de crecimiento y su capacidad para generar empleo han sido muy superiores a las de nuestros socios. Hemos conseguido así acortar diferencias con Europa, dando un renovado impulso a nuestro proceso de convergencia. El PIB por habitante ha aumentado con respecto al de la UE-15 en doce puntos. Pero estos logros no han venido acompañados de un cambio equiparable en la distribución de la renta. España sigue siendo uno de los países europeos con mayores desigualdades, sólo superadas por Eslovaquia y Portugal. Según la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el INE, uno de cada cinco españoles vive por debajo del umbral de pobreza. De éstos, algo más de la mitad sufre «pobreza persistente» (el último año y al menos dos de los tres anteriores).

Esa falta de equidad no es ajena a lo exiguo de nuestro Estado de bienestar, que nos impide realizar políticas más solidarias. Esto explica que el impacto de las transferencias sociales sobre la pobreza sea menos efectivo que en la UE-15, especialmente si lo comparamos con el de los países nórdicos. Uno de los colectivos más perjudicados es el de los menores de 16 años, cuyo nivel de pobreza es muy superior a la media nacional. Algo similar ocurre con las mujeres; en particular, con aquéllas que encabezan una familia con hijos. De todas maneras, el grupo que en estos momentos padece más riesgo de exclusión es el de los inmigrantes que todavía no han regularizado su situación. Al carecer de 'papeles', no disfrutan de los derechos recogidos en la Constitución, lo cual les convierte en presa fácil de las mafias que transitan por los vertederos de la economía sumergida.

El trabajo es la forma más efectiva de combatir la exclusión. Además de constituir la mejor garantía contra la pobreza, representa el mecanismo de inserción social por excelencia. El segundo factor es la educación debido a la estrecha relación existente entre nivel de estudios y probabilidad de encontrar trabajo. De ahí la inquietud suscitada por los elevados índices de fracaso y de abandono escolar que registran nuestros jóvenes. Esta forma de actuar representa un obstáculo a la difusión de las nuevas tecnologías y, en esa medida, reduce el potencial de crecimiento de nuestra economía. Y sin crecimiento, como nos ha recordado recientemente la Comisión, la viabilidad a medio plazo de los sistemas de protección social corre peligro. Es una condición 'sine qua non' para hacer frente con garantías de éxito a la inevitable amenaza del envejecimiento de la población.

Al igual que en el resto de la UE, la estrategia española de lucha contra la pobreza se articula en torno al Plan de Acción para la Inclusión Social. A pesar de las mejoras y de la experiencia adquirida en los cinco últimos años, estos planes siguen siendo objeto de críticas. Una de ellas se refiere al magro esfuerzo presupuestario que se les dedica, muy inferior al de la mayoría de nuestros socios. También se censura la falta de coordinación existente entre los distintos niveles de la Administración con competencias sobre políticas de inclusión. Pero lo que ha desatado los mayores reproches es la desigual provisión de los servicios sociales prestados por las comunidades autónomas, dependiendo de cuál sea su capacidad financiera. El resultado es un panorama territorial diverso, en el que las luces del País Vasco y Navarra contrastan con las sombras de Galicia, Canarias y Andalucía.

De cara al futuro, parece existir un cierto clima de pesimismo sobre el futuro de la inclusión social. Esto se debe en parte a que la posmodernidad ofrece más interrogantes que respuestas. No sabemos, por ejemplo, si seremos capaces de integrar la ola de inmigrantes, considerando las explosivas proyecciones manejadas. Tampoco están claras las medidas para hacer que nuestro Estado de bienestar sea más equitativo y eficiente. En cuanto al modelo territorial de Estado, es pronto para concluir que el camino federal emprendido nos conduzca inexorablemente a una España a varias velocidades. Lo que está fuera de dudas es la necesidad de que los dos grandes partidos nacionales asuman un compromiso sobre las líneas básicas de esas reformas. Debieran de tomar nota del sentido de responsabilidad de que han hecho gala sus homólogos alemanes para hacer de la necesidad virtud.