La Administración cifra en menos del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) las pérdidas causadas en España por el gasto que supone para las empresas entrar en el nuevo mercado europeo de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), paso inevitable si quieren evitar las fuertes multas previstas para las que rebasen los límites de contaminación permitidos. Por su parte, las industrias afectadas denuncian que las eléctricas y las petroleras, principales usuarias de esa bolsa, están «especulando» en ella, lo que ha contribuido de forma decisiva al encarecimiento en un 233% del precio por tonelada.

Las autoridades energéticas del Gobierno confían en que la puesta en marcha, en principio para la próxima primavera, de la primera bolsa española de derechos de emisión de CO2 ayude a reducir esos costes. A ella podrán acceder las 1.060 empresas afectadas por el Plan Nacional de Asignaciones, a las que sólo se exigirá que se inscriban antes en el Registro Nacional de Derechos de Emisión (Renade), soporte principal del nuevo mercado, que tendrá su sede social en Barcelona y pretende ser un referente para las regiones mediterráneas.