El reconocimiento de las víctimas del terrorismo y el restablecimiento de la memoria de los asesinados no pueden reducirse a un recuerdo formal y a expresiones de conmiseración. Tampoco a la aplicación de medidas que palíen en lo posible la pérdida brutal de un ser querido. Además es necesario que la sociedad comprenda que la mayoría de esas víctimas lo fueron porque pensaban como pensaban o desempeñaban un papel de servicio a sus conciudadanos. De ahí que sea preciso evitar que, en su reconocimiento social, la víctima se vea despojada de aquello en lo que el terrorismo se había fijado para acabar con su vida o su integridad física. El III Congreso de Víctímas del Terrorismo de todo el mundo, reunido ayer y hoy en Valencia, concede a estas personas un imprescindible protagonismo y analiza sus necesidades y demandas.

Las víctimas, dentro de su común dolor, constituyen una realidad plural. Esa misma diversidad impide que nadie pueda ostentar la exclusiva a la hora de representar su voluntad, más allá de su legítima exigencia de reconocimiento y de su lógica negativa a conceder el perdón a quienes ni se lo han solicitado ni han admitido su culpa. Todas las expresiones de ese dolor común han de tener cabida en el foro público, y ninguna puede ser considerada más verdadera que las demás. Por eso las instituciones y los partidos están obligados a reconocer y comunicarse con todas esas expresiones organizadas para contribuir a la síntesis que se requiere para establecer, junto al dolor común, el catálogo permanente de las demandas propias de estas personas. Y esta necesidad no debe verse distorsionada por las coyunturas políticas.

La búsqueda de una salida democrática al problema del terrorismo ha de atenerse a un principio indiscutible: no cabe negociación con ETA, ni diálogo alguno que pudiera dar lugar a concesiones políticas o a decisiones que violenten la legalidad establecida. Pero por eso mismo resulta inadmisible que en nombre de las víctimas se fuercen los datos de la realidad hasta dar por sentado que el Gobierno de Rodríguez Zapatero está negociando o quiere negociar con el terrorismo, en un supuesto proceso de «claudicación, miedo y rendición», en palabras de Ángel Acebes ayer. Una imputación que de ser cierta merecería el correspondiente reproche pero que, hoy por hoy, no está fundada en conductas o movimientos que merezcan el calificativo de negociación y mucho menos de traición a las víctimas. El Ejecutivo está obligado a propiciar cauces de comunicación fluidos y eficaces con las organizaciones representativas de las víctimas. La inasistencia del presidente Rodríguez Zapatero al encuentro de Valencia representa, en ese sentido, una mala noticia. Pero la apelación a la memoria de las víctimas no puede ser utilizada ni con ánimo partidario ni con el fin de cuestionar la acción de gobierno en materia antiterrorista.