Tras dos años sin ser recibido en la Casa Blanca, el secretario general de la ONU se reunió ayer con el presidente George W. Bush para intentar escenificar un cierto acercamiento diplomático que supere todas las tensiones generadas por el uso de la fuerza en Irak. La cita de ayer, por parte de Kofi Annan, se centró en solicitar el respaldo militar de la Administración Bush para un efectivo despliegue internacional que termine con los asesinatos, violaciones y pillajes perpetrados en la región sudanesa de Darfur.

Para realizar esta intervención directa, Naciones Unidas necesitaría del apoyo del Pentágono para reemplazar al inefectivo contingente de 7.000 soldados facilitados por la Unión Africana. Según recalcó Kofi Annan, la situación de lo que el propio Gobierno de Estados Unidos ha calificado como genocidio es demasiado grave como para contar solamente con el respaldo financiero de países ricos. Petición que contrasta con la desastrosa experiencia de Washington en Somalia.

El presidente Bush describió el encuentro con Annan como muy «constructivo» y una oportunidad para hablar también sobre las reformas que necesita la ONU: «Reformas estructurales, de administración y también de la Comisión de Derechos Humanos». En este sentido, la cita en la Casa Blanca coincidió con la filtración de un durísimo informe encargado por esa criticada institución de Naciones Unidas sobre Guantánamo.

Sin derechos básicos

De acuerdo al borrador avanzado ayer por el diario 'Los Ángeles Times', el tratamiento aplicado por el Pentágono al medio millar de 'combatientes ilegales' retenidos desde enero de 2002 viola sus derechos básicos de salud mental y física, constituyendo en algunos casos tortura.

El estudio -redactado por un grupo cinco investigadores durante dieciocho meses de pesquisas con abogados, familiares y ex prisioneros, pero sin acceso a los actuales presos- urge a la Administración Bush para que cierre la prisión militar de Guantánamo y procese a los detenidos en Estados Unidos. Argumentando que las justificaciones esgrimidas por Washington para estas detenciones extrajudiciales son una distorsión del derecho internacional.

El informe, todavía no publicado a la espera de las puntualizaciones por parte del Ejecutivo de Estados Unidos, específicamente detalla que la violentas tácticas de alimentación forzada para terminar con huelgas de hambre, los incidentes de excesiva fuerza durante el transporte de prisioneros y las combinaciones de varias técnicas de interrogatorio como aislamiento, temperaturas extremas y otras medidas de intimidación o humillación deben ser considerados en su conjunto «como equivalentes a tortura».