Los ponentes socialistas y de CiU fortalecieron ayer su pacto sobre el Estatuto de Cataluña tras aprobar el Título I de derechos y deberes sin apenas variaciones y que incluye que el personal de justicia debe tener un nivel de conocimiento adecuado para desempeñar su función.

Cuestiones como el aborto, la eutanasia o las uniones familiares se aprobaron con algunos retoques sobre esa parte del texto original, después de que Unió Democrática de Catalunya, uno de los integrantes de CiU, amenazara con romper el pacto del Estatuto si no se hacían estas modificaciones.

Tras una reunión de dos horas y media el Título I contó con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que vio también rechazada su enmienda de supresión a esta parte del texto. En cuanto al conocimiento y uso de las lenguas, se concreta que «todas las personas», «tienen derecho a utilizar la lengua oficial que elijan en todas las actuaciones judiciales, notariales y registrales, y a recibir toda la documentación oficial emitida en Cataluña en la lengua solicitada». Además, precisa que se hará «sin que puedan sufrir indefensión ni dilaciones indebidas debido a la lengua utilizada, ni se les pueda exigir ningún tipo de traducción».

Para garantizar ese derecho, el personal de la Administración de Justicia en Cataluña «deben acreditar, en la forma establecida en las leyes, que tienen un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales que los hacen aptos para ejercer las funciones propias de su cargo o su puesto de trabajo». Los criterios para acreditar el conocimiento del catalán lo establecerán las leyes y no el Estatuto, como se decía en el texto original del Parlamento catalán. En este sentido, el socialista Diego López Garrido negó que un juez necesite saber catalán «de la 'A' a la 'Z'» para tener plaza en Cataluña, pero subrayó que lo que sería «una verdadera discriminación» es que un ciudadano catalán se dirigiera a la Administración de Justicia y «no se le entendiera» cuando ambas lenguas son oficiales.

La segunda reunión de la ponencia sobre la reforma del Estatut empezó con sendos órdagos, en sentidos opuestos, de CiUe ICV. Los nacionalistas pretendían forzar la supresión del derecho a la eutanasia, a la unión homosexual y al aborto so pena de dar por roto el acuerdo con el PSOE. Los ecosocialistas advirtieron de que reconsiderarían su apoyo al texto si estos derechos quedaban recortados. En este juego de presiones ERC amenazó con acudir al Constitucional si el contenido de los polémicos artículos quedara rebajado.

Todo quedó en un susto. CiU se limitó a introducir matices en el articulado para garantizar, según Nuria Gispert, que el Estatut no «promociona» la eutanasia, el aborto, la poligamia, ni la igualdad entre las parejas homosexuales y las heterosexuales. ICV y ERC admitieron con remilgos los cambios que, a su juicio, no alteran lo acordado en el Parlament. Los republicanos sólo se opusieron al redactado del artículo referido al aborto, al que se le añadió la coletilla «con arreglo a los supuestos previstos en la ley».

El artículo que podría legalizar la eutanasia queda neutralizado, según CiU, con el siguiente redactado: «Todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad el proceso de su muerte y a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales».