La Comisión Europea se declaró ayer dispuesta a elaborar una nueva propuesta para la liberalización de los servicios en la UE que sustituya a la directiva Bolkestein y que tome en consideración las enmiendas más relevantes planteadas por el Parlamento comunitario. La Eurocámara debatió ayer la polémica regulación, que pretende eliminar las barreras nacionales a la prestación de servicios, lo que permitiría la instalación de una empresa de ese sector en cualquier país de la Unión con total libertad.

Mientras los eurodiputados analizaban la propuesta, en la calle 30.000 manifestantes según la Policía, y 50.000 según los organizadores, -entre los que se encontraban miembros de CC.OO., UGT, USO y ELA- mostraban su rechazo a ella y exigían al Parlamento y a las demás instituciones comunitarias un modelo de liberalización de servicios que no comprometa la supervivencia de los públicos, a través del 'dumping' social.

La manifestación, convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), recorrió durante dos horas las calles de Estrasburgo y se disolvió sin incidentes después de que los líderes de la organización -entre los que se encontraba el secretario general de UGT, Cándido Méndez-, se entrevistaran con responsables parlamentarios. John Monks, secretario general de la CES, aseguró que la directiva Bolkestein «estará muerta» una vez sea modificada con los cambios que el Parlamento tiene previsto aprobar mañana.

Diferencias

Socialistas y populares han acordado enmendar el plan y eliminar uno de sus aspectos clave, la cláusula 'país de origen'. Según la misma, las empresas de servicios que operen en varios estados de la UE sólo deben estar sujetos a la legislación de su país de origen.

Con todo, existen aún notables diferencias en el arco parlamentario. Así, mientras los liberales juzgan las enmiendas aprobadas en comisión como excesivas -querrían un texto más abierto-, los 'verdes' e Izquierda Unida europea se inclinan por un abandono definitivo del proyecto legislativo.

No son esos los planes de la Comisión Europea. Su presidente, José Manuel Durao Barroso, se preguntaba ante el pleno de la Eurocámara si es aceptable «tener 25 millones de parados en el seno de la UE».

Barroso entendía que la realidad del desempleo entre los 25 es argumento suficiente a favor de la posición liberalizadora de los servicios en Europa. «Hoy por hoy -destacó-, los dos principales sectores que crean puestos de trabajo son los servicios y las pequeñas y medianas empresas. Es a ellos, antes que nada, a los que la directiva va a beneficiar».

Además, el responsable comunitario pidió al Parlamento las bases para un consenso fuerte a fin sacar adelante un proyecto revisado de directiva. La Comisión, aseguró, «asumirá, en el marco de su propuesta revisada, todos los elementos que constituyan un paso adelante».