Gregorio Peces-Barba abandonará en otoño el Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo después de catorce meses de mandato y de tensión con los principales colectivos de damnificados. El catedrático, que hizo público ayer su futuro cese, aseguró que la marcha obedece al deseo de reintegrarse en la universidad una vez cumplidos sus principales objetivos con las víctimas. En la despedida, se mostró convencido de que el Gobierno no abordará negociación alguna con ETA hasta que la banda deje las armas y de que no habrá canje de «paz por presos».

Peces-Barba reveló que dejará el puesto en septiembre u octubre, al comienzo del próximo curso universitario, el penúltimo de su carrera académica. El alto funcionario se esmeró en negar que la futura dimisión haya sido forzada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero o sea fruto de sus enconados enfrentamientos con la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que preside Francisco José Alcaraz. «De aquí nadie me echa», aseveró.

La marcha de Peces-Barba fue pactada ayer mismo con el presidente del Gobierno. El profesor comunicó a Rodríguez Zapatero su intención de anunciar la retirada. Según el todavía comisionado, el presidente le pidió que aguantara más allá de verano en el puesto, pero él rechazó la oferta. El jefe del Ejecutivo no se mostró sorprendido por la decisión del secretario de Estado, dado que conocía desde hace meses su deseo de volver a la universidad, aunque cuestionó la oportunidad del momento elegido para hacer pública la renuncia, en plena celebración del III Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo.

Compromisos cumplidos

El profesor justificó su salida del Gobierno por motivos estrictamente personales. Explicó que su «compromiso» con Rodríguez Zapatero y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega era estar «el tiempo necesario» para crear y «estabilizar» el comisionado, establecer contacto con todas las asociaciones y preparar la reforma de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, un texto que pondrá al día las ayudas económicas a los damnificados y en el que se regulará por primera vez la atención psicológica, sanitaria y social de los afectados del terror. Este proyecto será su última tarea en el comisionado, que entregará antes del 15 de abril al Gobierno para que entre en el Parlamento antes de verano.

Pese a los objetivos cumplidos, Peces-Barba reconoció que abandona el puesto con tristeza. «Me ha impresionado mucho el trabajo con las víctimas y sus problemas a lo largo de estos meses y me sentiré siempre muy vinculado a ellas», sostuvo.

El alto comisionado, que recordó que «no está enterrado» y que todavía le quedan nueve meses de trabajo al frente de la oficina, insistió en que se marcha para dedicarse a la vida académica antes de su jubilación, ya que tiene 68 años y dejará la docencia a los 70. «Quiero que los últimos meses de mi rectorado sean exclusivamente dedicados a la universidad», señaló Peces-Barba que, tras abandonar la Carlos III, se dedicará a la «investigación» y a escribir un libro sobre Derechos Humanos.

Cese de la violencia

Peces-Barba fue nombrado el 17 de diciembre de 2004 por Rodríguez Zapatero, que anunció su decisión el mismo día que la presidenta de la asociación de víctimas del 11-M, Pilar Manjón, afeara la gestión de la Administración con los damnificados ante la comisión parlamentaria que investigó aquella masacre. Los catorce meses transcurridos desde entonces no han sido un camino de rosas para el veterano político, quien, según reconocen sus colaboradores, en más de una ocasión se ha lamentado de los ataques continuos «desde la derecha».

Su nombramiento ya fue polémico e inmediatamente contestado por el PP, al que el Gobierno no consultó su designación. Su relación con colectivos como la AVT, el Foro Ermua o Covite ha sido muy difícil por lo que, junto a los populares, han acogido su marcha de buen grado.

Peces-Barba, que la pasada semana admitió que discrepaba del «optimismo» de Rodríguez Zapatero sobre el fin de ETA, ayer matizó sus palabras y, en línea con lo afirmado por el presidente, apuntó que no habrá negociación mientras los terroristas «continúen las hostilidades», porque la condición para que el Ejecutivo dé «algún paso» es el cese definitivo de la violencia.