La Junta de Fiscales de Sala acordó ayer proponer al Tribunal Constitucional que no admita el recurso de amparo presentado por el PP contra la tramitación parlamentaria del Estatuto de Cataluña. La decisión fue tomada por 15 votos a favor y 4 en contra, y contradice la opinión de los fiscales del alto tribunal, que por una ajustada mayoría consideraron que se debía admitir a trámite la demanda de los populares. El partido opositor pretendía que el Constitucional anulara la decisión de la Mesa del Congreso de octubre pasado de tramitar la reforma estatutaria catalana como una ley orgánica porque, a su juicio, se trata de una reforma constitucional encubierta.

Tres horas de reunión sirvieron para definir que el criterio mayoritario de la Fiscalía es contrario a la pretensión del partido opositor. Su opinión sólo fue respaldada por cuatro integrantes del máximo órgano de la carrera que están considerados próximos al PP: Eduardo Fungairiño, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; Juan Ortiz Úrculo, jefe del Ministerio Público en el Constitucional; Eduardo Torres Dulce, fiscal del mismo tribunal; y Fernando Herrero Tejedor, de la Sala Militar del Supremo.

La Fiscalía propondrá ahora al Constitucional que no admita a trámite el recurso de los populares. El encargado de redactar el informe con la negativa será el teniente fiscal del alto tribunal, Olayo González Soler, que en su día también se opuso a tramitar la demanda, y deberá desgranar los argumentos de la mayoría del máximo órgano de la carrera. El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, expuso su postura contraria a que el Constitucional estudiase el recurso, pero adelantó que no votaría y se sometería a la decisión de la mayoría.

El razonamiento central de la Junta de Fiscales es que el alto tribunal no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad del Estatut hasta que se apruebe en las Cortes y se celebre el preceptivo referéndum en Cataluña. Un argumento similar al que empleó la minoría de fiscales del Constitucional contraria a la admisión del recurso

Decisión jurídica

El jefe de la unidad de apoyo a la Fiscalía General, José Luis Bueren, explicó que la resolución de la junta es «una decisión jurídica», exenta de motivaciones políticas. Indicó que las razones dadas por el PP podrían tener «justificación desde el punto de vista político», pero desde la óptica jurídica «carecen de soporte alguno». También señaló que la mayoría de los fiscales consideró improcedente que la Mesa del Congreso pudiera pronunciarse sobre la constitucionalidad de éste u otro texto legislativo, ya que su labor es comprobar si cumple con los requisitos exigibles para ser tramitado.

El origen de la polémica arranca del 1 de febrero, cuando el pleno del Constitucional decidió por mayoría no admitir a trámite el recurso del PP, una decisión que para ser efectiva entonces debería haber sido acordada por unanimidad. Ante la eventualidad, el alto tribunal pidió opinión a los fiscales del organismo, que por una mayoría de un voto decidieron que se debía tramitar la demanda. Así las cosas, la Fiscalía General del Estado medió y convocó ayer a la Junta de Fiscales, que respaldó el criterio contrario en el pleno. Ahora, el Constitucional deberá tomar una decisión definitiva que ya no requerirá la conformidad de todos los magistrados, sino el de la mayoría.