Por una amplia mayoría de 394 votos a favor, 215 en contra y 33 abstenciones, el Parlamento europeo votó ayer una reforma sustancial del proyecto de directiva para la liberalización de los servicios, que la Comisión propuso a comienzos de 2004 y que ha sido motivo de fuerte controversia en la Unión.

El texto ayer aprobado, que resulta de un consenso entre populares y socialistas, las dos principales formaciones políticas de la Eurocámara, elimina el principio del 'país de origen' para regular las obligaciones contractuales del prestatario del servicio, y amplía sustancialmente la lista de excepciones que ya proponía Bruselas en su propuesta original.

Los cambios en la denominada directiva Bolkestein fueron recibidos con satisfacción por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que el martes reunió a más de 30.000 manifestantes contra ella en Estrasburgo. Un comunicado de la organización valoró el resultado de la votación como «un verdadero triunfo para los trabajadores europeos».

Tal y como ha quedado la directiva, su ámbito de aplicación quedará circunscrito a los servicios relacionados con actividades económicas. Quedan excluidos, por principio, aquellos que no son de naturaleza económica, como los propios de las administraciones públicas, la educación o los servicios sociales.