El presidente del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de Euskadi, Martín Auzmendi, hizo ayer en el Parlamento vasco un balance «decepcionante» de los 25 años de vida de ese organismo, que a su juicio «no ha cumplido la función primordial» para la que fue creado: la de servir de «órgano de encuentro y diálogo permanente» con el fin de propiciar acuerdos.
Ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales de la Cámara expusieron su visión sobre el CRL los cuatro sindicatos mayoritarios y la patronal Confebask, que enjuiciaron asímismo la labor del Consejo Económico y Social (CES), cuyo máximo responsable, Antxon Lafont, también intervino en la sesión. La múltiple comparecencia respondía a una iniciativa del PSE-EE ante los escasos acuerdos que alcanzan ambas instituciones desde su constitución, lo que ha puesto en entredicho su propia razón de existir en algunos ámbitos.
Martin Auzmendi, que preside el CRL desde finales de 2002, dio un suspenso al organismo en sus funciones consultivas del Parlamento y del Gobierno vascos porque «no ha cumplido los mínimos» exigibles. Sin embargo, puso una buena nota al Preco -procedimiento para la resolución de conflictos colectivos que gestiona el CRL- y consideró de «interés y útil» la capacidad que tiene de realizar informes por iniciativa propia.
Seis acuerdos
Sin embargo, el balance empeoró de forma drástica cuando analizó su actuación como «órgano de diálogo». En 25 años, dijo, se han firmado en Euskadi seis acuerdos interconfederales, de los que cuatro han sido apadrinados por el CRL. Pero como tres de ellos han sido sobre el Preco, considera que sólo ha intervenido en dos materias: la ya citada y la del acuerdo sobre el empleo de 1999. Los dos pactos restantes, sobre seguridad y prevención de riesgos laborales y formación continua, fueron impulsados desde otros ámbitos.
Por ello, concluyó que el CRL «no es órgano de encuentro y diálogo permanente», «ni ha propiciado acuerdos interconfederales». Es más, denunció: cuando sindicatos y patronal han iniciado contactos de cara a un acuerdo, lo han hecho al margen del organismo, «lo que habla de su utilidad o inutilidad».
Auzmendi pidió «tratar a fondo lo que está pasando» e intentar «reorientar al Consejo». El que el organismo funcione -señaló- «depende sus componentes», pero se da la circunstancia de que, si no lo hace, «no pasa nada». En su crítica, desmintió la afirmación del representante de CC OO, quien había defendido que el CRL era «insustituible», al asegurar que «los últimos 25 años desmienten» ese aserto porque ha sido «perfectamente sustituido y prescindible» en la faceta mencionada.
Por su parte, Antxon Lafont, que en ocasiones previas ha sido muy crítico con el funcionamiento del CES, abogó por la incorporación al mismo de representantes de los inmigrantes, minusválidos y mujeres trabajadores. Pidió también un observador del Gobierno vasco o del Parlamento para que informe sobre si cumple las funciones para las que fue creado; y criticó las funciones de «florero» reservadas al presidente, que convierten en «florero» al CES mientras se mantengan.
Patronal y sindicatos
Desde Confebask, Jon Bilbao asumió que en el CES y el CRL existen «dificultades para acordar, como ocurre en cualquier institución», porque «éste no es un país fácil» para lograr pactos, lo que no quiere decir que sean inviables.
Mikel Noval, de ELA, rechazó que existiera un derecho de veto y defendió como una «regla democrática» el sistema de votación en ambos entes, que le confiere ventajas como sindicato mayoritario. Si no se alcanzan acuerdos -dijo- es por un conflicto de intereses.
Eduardo García, de CC OO, respaldó el sistema de veto en el CRL, pero abogó por suprimirlo del CES, así como por extender las funciones de este organismo.
Desde LAB, José Luis Reizabal apoyó el sistema de votación, creado en su día por el socialista Ramón Jáuregui -recordó-, y aseguró que no sería aceptable poder emitir un informe que tuviera en contra la opinión sindical. Por último, Pilar Collantes, de UGT, criticó el «déficit democrático» de algunas instituciones socio-laborales y abogó por la creación de una ley genérica de participación sindical en las mismas.