El sector público tiene, entre otros varios, un grave problema interno. Cuando se identifica una necesidad, en un momento concreto, se acostumbra a crear un organismo para afrontarla que, con el paso del tiempo, adquiere vida propia y termina funcionando con independencia del problema para cuya solución nació. Cuentan que cuando Margaret Thatcher llegó al poder y analizó el sector público británico con la intención de someterlo a una cura de adelgazamiento, descubrió que había un puesto de trabajo en los acantilados de Dover destinado a otear y prevenir la llegada de Napoleón. El problema había desaparecido, pero el puesto había resistido los embates del presupuesto durante dos siglos.

La descripción que hicieron ayer los presidentes del CES y del CRL vasco fue demoledora. Y como lo hicieron quienes mejor conocen y más quieren a los organismos que presiden, no hay motivos para dudar de la exactitud de su análisis, ni de su recta intención. Antxon Lafont se siente «un presidente florero» presidiendo un «organismo florero»; y Martín Auzmendi cuenta que en 25 años de existencia el CRL ha logrado concluir seis acuerdos; es decir uno cada cuatro años y dos meses.

Yo tenía la impresión de que ambos organismos tenían un hueco en nuestro entramado socio-político. Uno, el CES, iba a actuar como parlamento social, trasladando al poder político la visión de la realidad socio-económica. El otro, el CRL, aplicaría el alivio de la mediación a los inevitables conflictos que se producen. Pero no ha sido así. Cuando vemos la crispación existente entre empresarios y sindicatos y la cantidad de problemas acumulados en las relaciones laborales, la impresión que nos produce el oír a los presidentes del CES y el CRL no puede ser más triste.

i.m.gardoqui@diario-elcorreo.com