La nueva Ley de Reproducción Humana Asistida, que ayer aprobó el pleno del Congreso, afronta la reforma de la norma del mismo nombre vigente desde 1988, rebasada por las nuevas conquistas de la biomedicina, y modifica la regulación de la investigación con células madre embrionarias promovida por el último Gobierno del PP, suprimiendo limitaciones que correspondían a táctica política más que a exigencias éticas.

Uno de los objetivos fundamentales de la ley, pendiente de superar el trámite del Senado, está de acuerdo con la misión médica de salvar vidas y con las garantías jurídicas en la terapia genética, sin violar principios éticos. Así ocurre al autorizar el llamado diagnóstico preimplantacional: la selección de un embrión entre los obtenidos por fecundación in vitro, para implantarlo en el útero materno por ser idóneo como futuro donante para un hijo de los mismos padres, con enfermedad incurable. Para evitar que la nueva legislación se quede en última instancia en una mera adaptación jurídica a una exigencia social o se convierta en la puerta abierta a un puro empleo mercantilista de los embriones el texto requerirá un serio refuerzo de consideraciones y limitaciones éticas y médicas. Porque ante la proliferación de clínicas de fecundación asistida y de parejas que acuden a dichos centros, se hace precisa una ordenación más clara para respetar los derechos y prerrogativas sobre los embriones resultantes de unos tratamientos revestidos de complejidad científica y jurídica. Esto había dado lugar al almacenamiento de decenas de miles de embriones sobrantes de aquellos procesos, ya inservibles para la reproducción y en un limbo legal en cuanto a su destino. De ahí que la ley regule lo que se puede hacer con los mismos, prevaleciendo la voluntad expresa de los progenitores.

La iniciativa legal sale adelante con el voto en contra del Partido Popular, aunque no está claro si por motivos ideológicos o morales o por simple desacuerdo con el hecho de que el texto anule las limitaciones, escasamente científicas, que puso la reforma legal del PP sobre el número de óvulos a fecundar y para el empleo de los embriones sobrantes de tratamientos posteriores a 2003. De cualquier modo, en un asunto de semejante complejidad es incuestionable que debe prevalecer -por encima de los desacuerdos políticos- una norma que intente a toda costa evitar fisuras en los compromisos de garantía jurídica y conducta ética.