El presidente del Gobierno se ha reunido por primera vez con una amplia representación de la Comisión Islámica de España, el organismo que actúa como interlocutor del Ejecutivo en el desarrollo de los acuerdos de 1992 entre el Estado y la confesión musulmana. El encuentro ha guardado clara relación con la crisis suscitada por la publicación en Dinamarca de las caricaturas de Mahoma, aunque la nota oficial de La Moncloa no haya hecho mención alguna de ello y sí, en cambio, de que ambas partes han examinado el marco normativo vigente para asegurar el pleno disfrute del derecho de libertad religiosa. Paralelamente, el Consejo de Embajadores Árabes en Madrid aplaudía el encuentro en un comunicado remitido a la comisión de Exteriores del Congreso y apoyaba la 'Alianza de Civilizaciones' promovida por Zapatero.

El concepto de la 'Alianza de Civilizaciones', que ayer recibía también el aliento de la propia Condoleezza Rice, se ha convertido en una útil y pragmática herramienta diplomática. Y es posible que los enunciados de esta forma de ver las relaciones con otras culturas puedan valer para establecer bases convivenciales e incluso tender puentes entre interlocutores que manifiesten voluntad de entenderse. Pero, de cualquier modo, debería quedar meridianamente claro que las doctrinas de las diversas confesiones no sólo no han de afectar al proceso legislativo civil, sino que sus adeptos tendrán que plegarse escrupulosamente al ordenamiento vigente en España. El Estado español ha de estar plenamente abierto a quienes acepten tanto el entramado jurídico que se apoya en la Constitución como el aparato ético e intelectual edificado sobre él y que se traduce en una serie de valores colectivos; por el contrario, quienes traten de eludirlos se ubicarán al margen del sistema.