El presidente del Gobierno tiene sobre su mesa desde la semana pasada todos los datos sobre ETA en poder de los aparatos del Estado. Rodríguez Zapatero ha pedido a los Ministerios de Interior, Justicia y Exteriores informes pormenorizados y «actualizados» sobre la situación de los presos de la organización -condenas pendientes de cumplir y delitos cometidos-, activistas y colaboradores localizados en el extranjero, capacidad operativa de los comandos activos y situación de los huidos contra los que no hay causas pendientes.

La información reclamada es de tal volumen que La Moncloa encargó al Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista «tamizar» y «sintetizar» la documentación, que ha elaborado la más completa radiografía posible de la banda. Fuentes gubernamentales no quisieron dar mayor relevancia a este hecho porque, dijeron, es normal que el presidente tenga a mano los datos más actualizados de ETA.

El Ejecutivo es consciente de que en una hipotética tregua y en un proceso de diálogo con ETA los presos serán la primera exigencia de la organización, pero también tiene presente las exigencias de las víctimas que siempre han advertido al Gobierno que no están dispuestas a aceptar «paz por presos», como quedó de manifiesto en su congreso de Valencia.

En esta oportunidad, el Ejecutivo medita, siempre que se produzca el abandono definitivo de las armas, agrupar a los miembros de ETA de acuerdo a la gravedad de los delitos que se les imputa para decidir qué tratamiento aplica. Para ello, Instituciones Penitenciarias ha preparado un informe con estudios estadísticos sobre el número de internos condenados; los presos preventivos; qué delitos tienen; distribución de los internos en las cárceles; evolución de la población penitenciaria; tiempo de condena pendiente; acumulaciones de condena; y, sobre todo, presos ya condenados o acusados de delitos de sangre. De acuerdo a datos de 2005, hay 544 etarras en cárceles españolas.

Zapatero también se ha interesado por la situación operativa de la banda. Policía Nacional, Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia han elaborado para La Moncloa informes sobre la capacidad de los comandos de ETA.

Los Ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores se encargaron de un estudio sobre las personas de ETA y su entorno localizadas en el extranjero. En concreto, las pesquisas trataron de precisar cuáles de ellos tienen causas pendientes y si han prescrito o no, y cuántos huyeron de España en la creencia de que eran buscados cuando no era así. El Gobierno de José María Aznar ya exploró esa compleja vía en la primavera de 1999, pero tuvo escaso éxito. Justicia, por su parte, ha informado a La Moncloa de las peticiones de extradición en otros países, sobre todo en Francia.