Los tres partidos que sustentan el Gobierno vasco, PNV, EA y EB, han anunciado que participarán en la manifestación convocada para mañana en Bilbao contra el juicio desarrollado en la Audiencia Nacional contra 56 dirigentes del presunto entorno de ETA encausados en el sumario 18/98. A través de un comunicado, el partido que lidera Josu Jon Imaz pidió la suspensión del proceso penal, al considerar que se inició «al amparo del Gobierno del PP» y no resiste «el contraste con los procedimientos judiciales de una democracia asentada».

El Euzkadi Buru Batzar destaca que el sumario 18/98 «forma parte de los procedimientos penales de clara inspiración política» y es «la filosofía que llevó al Gobierno del PP, con la colaboración del PSOE, a articular una Ley de Partidos y el subsiguiente proceso de ilegalización».

«A los encausados se les acusa de ser militantes o colaboradores de ETA, aunque, en el fondo, se les juzga por sus actividades culturales, periodísticas o políticas que, aun siendo lícitas y legales, coinciden presuntamente con posiciones mantenidas por ETA», añade la nota.

La formación jeltzale subraya que «la Justicia penal debe especificar hechos delictivos e individualizarlos en una persona concreta». «Sin embargo, ésto resulta imposible en un proceso multitudinario en imputados, con infinidad de hechos presuntamente delictivos y de distinta naturaleza que van desde la colaboración con banda armada hasta delitos societarios o contra la seguridad social», indica.

Por otro lado, denuncia que «las irregularidades que se han ido poniendo de manifiesto» durante la vista oral «son de entidad» y no se trata de «disculpas dilatorias». «Algunas de las irregularidades incumplen la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal y han llegado a ser denunciadas por asociaciones y consejos de la abogacía», apunta.

Obstáculos a la paz

Para el PNV, «este macroproceso, iniciado al amparo del Gobierno del PP, es un episodio del pasado que no resiste el contraste con los procedimientos judiciales de una democracia asentada», por lo que reclama «su paralización y suspensión».

Eusko Alkartasuna, por su parte, anunció la asistencia de una delegación de su partido encabezada por su secretario general, Unai Ziarreta. La formación que preside Begoña Errazti divulgó ayer un comunicado en el que sostiene que en un momento en el que «todos» los agentes políticos y sociales «debemos dar pasos decididos» a favor de la normalización política, «es más necesario que nunca el buen funcionamiento de todos los pilares del Estado de Derecho», algo que «no se cumple» con el sumario 18/98.

En la misma línea se expresó Ezker Batua, que precisó que estamos ante un juicio «para penalizar ideas y proyectos políticos» que se gestó «en la etapa del PP con la colaboración del PSOE» y que durante su «accidentado» desarrollo «se han cometido múltiples irregularidades que han impedido una defensa garantista de los derechos de los procesados».

En su opinión, «el juicio no ayuda a generar el clima propicio que permita acometer un proceso de diálogo y normalización política sino, más bien al contrario, obstaculiza el camino hacia la paz».

Por otra parte, Jesús María Zalacaín, imputado en la causa, denunció en una comparecencia en Bilbao el «espectáculo bochornoso» de la Audiencia Nacional donde el juicio se lleva a cabo «sin ninguna garantía procesal» y sin salvaguarda de los «derechos individuales y colectivos» de los encausados lo que, advirtió, «no favorece en nada la resolución del conflicto».

La movilización de protesta, que cuenta con el respaldo de múltiples asociaciones y sindicatos como ELA y LAB, partirá mañana a las cinco y media de la tarde de la plaza Aita Donostia de Bilbao bajo el lema 'En defensa de los derechos civiles y políticos ¿suspended todos los juicios!'