Los empresarios vascos viven con una creciente inquietud a cuestas que no deja de resultar paradójica. Mientras a su alrededor se desatan las expectativas sobre un hipotético final de la violencia de ETA a corto plazo, aguado por el comunicado difundido por la organización terrorista el sábado por la noche, ellos se han convertido en el colectivo más castigado por la banda, que esta misma semana atentaba en apenas 48 horas contra sus intereses en Urdax y Trapagaran y que ha intensificado sus campañas de extorsión hasta niveles «sin precedentes», según fuentes de la lucha antiterrorista. Los chantajeados rumian el temor a que se repita el precedente de 1998 y 1999, cuando la dirección etarra suspendió durante 16 meses las acciones armadas, pero mantuvo activas las redes de abastecimiento de dinero a través del 'impuesto revolucionario'. Y han optado por pedir al Gobierno socialista y a los partidos que no den por válido ningún alto el fuego que no incluya la supresión real de la extorsión.