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Miércoles, 22 de febrero de 2006
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GENERAL
problema de la vivienda
El PP dice que la Ley del Suelo pactada por el Gobierno vasco y PSE subirá el precio de la vivienda
Define a la nueva normativa como "intervencionista" y asegura que convertirá en una "lotería" la asignación del 75% de los pisos
El PP ha asegurado hoy que el acuerdo del Gobierno vasco y el PSE-EE en torno al proyecto de Ley del Suelo incrementará el precio de la vivienda libre porque "desincentiva" la urbanización y abocará a una "lotería" la asignación del 75% de los pisos que se construyan -55% de VPO y 20% de precio regulado-. Además, los populares han denunciado el "intervencionismo" del texto y atribuyeron el acuerdo a la "continuación" del pacto presupuestario entre el tripartito y el PSE.
El secretario ejecutivo de Vivienda del PP vasco, Javier de Andrés. /Efe
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El portavoz parlamentario del PP en materia de Suelo, Antón Damborenea, y el secretario ejecutivo de Vivienda del partido, Javier de Andrés, han analizado hoy en una rueda de prensa el contenido del acuerdo, que se firmará este mediodía, y anunciaron que mantendrán la enmienda a la totalidad que presentaron al texto inicial del Departamento de Vivienda.
"Si el acuerdo que se nos ha vendido como maravilloso para solucionar el problema de la vivienda consiste en que las viviendas libres, que es a lo único que puede acceder la gente porque los pisos protegidos no llegan a cubrir el 5% de la demanda, van a pasar de ser del 30% al 25%, eso significa que, evidentemente, se va a incrementar el precio de esas viviendas", manifestó Damborenea. En esta línea, De Andrés ha subrayado que el proyecto resulta pernicioso porque "desincentiva la urbanización" y advirtió de la posibilidad de que los constructores dejen de construir en el País Vasco ante las escasas posibilidades de iniciar promociones rentables.
El secretario de Vivienda, a su vez diputado de Obras Públicas de Alava, también ha criticado el hecho de que el borrador logra "lo que parecería imposible", reducir tanto el suelo para vivienda de protección -que pasa del 60% planteado en el proyecto original, al 55%-, como el destinado a vivienda libre -del 30% al 25%-. El 20% restante se divide entre las viviendas de precio tasado y las de protección local, cada una de ellas con una reserva del 10%.
De Andrés también ha censurado la "arbitrariedad" de la norma, de la que afirmó que aboca a una "lotería" la asignación del 75% de los pisos que se construyan. Según ha dicho, el "azar" en el que se basará la distribución de estas viviendas, que se otorgan por sorteo, también supondrá que una persona con una renta de 30.000 euros anuales pueda conseguir una vivienda en un sorteo, mientras que otro ciudadano con una renta de 10.000 euros, por ejemplo, "se podría quedar fuera".
"Rigidez" de texto
Otro de los aspectos del proyecto de ley criticados por el diputado fue la "rigidez" del texto. A su juicio, la normativa "interpreta el mercado inmobiliario de una forma homogénea en el conjunto del País Vasco , hasta el punto de que impide que los ayuntamientos establezcan cuál es la forma más adecuada de distribuir lo que es VPO, tasada o libre" en función de cuál sea la demanda.
"Incluso se establecen unos precios fijos", de forma que "parece que da igual que hablemos de Baños de Ebro que de San Sebastián, cuando todos sabemos que los precios son distintos", ha añadido.
Damborenea también ha criticado que el "intervencionismo" del texto en materia urbanística, de competencia exclusiva de los ayuntamientos, "es tal que se vulneran todas las competencias municipales". "Se dice que favorece la autonomía municipal porque ahora las diputaciones no van a necesitar dar el visto bueno a los planes generales que dicten los ayuntamientos; pero es que con esta ley, que dice a los ayuntamientos hasta que árboles tienen que plantar en las aceras, no hace falta que luego venga nadie a ver si está bien hecho el plan general", ha subrayado.
"Demagogia barata"
El parlamentario ha tachado la presentación del acuerdo por parte de socialistas y Gobierno vasco de "demagogia barata". "Se dice que permitirá hacer un 50% más de vivienda protegida, pero es que la ley actual no impide que se haga hasta el 100%, lo que nadie dice es quien paga las viviendas protegidas".
En este sentido, ha explicado que, aunque la ley vigente en estos momentos establece un mínimo obligatorio del 65% de vivienda protegida, el Ayuntamiento de Vitoria construye un 73% de pisos de protección. "No le obliga ninguna ley, pero tiene autonomía suficiente y pone los recursos necesarios para elevar ese porcentaje", ha explicado.
Por el contrario, ha considerado que tras el pacto en torno al nuevo proyecto, "probablemente ningún ayuntamiento va a poder incrementar esa cifra". "Estamos asistiendo a un pacto que suponemos que es la continuación del pacto del Partido Socialista para aprobar los Presupuestos del Gobierno vasco ", ha concluido.



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