El Banco de Alimentos se hace cargo desde este año del reparto de los excedentes de comida de la Unión Europea, tarea que hasta ahora realizaba la Cruz Roja. Una transferencia que no tendría que causar problema alguno a las personas inscritas en las listas de beneficiarios. Pero no es así. La Ley de Protección de Datos impide que ese listado pase de la Cruz Roja al nuevo gestor de los alimentos, y unas 7.000 familias deberán autorizar la transmisión de sus datos, o comunicarlos de nuevo. Una vez más, es el ciudadano el que tiene que responder ante los problemas que causan la burocracia o la falta de previsión.