Una declaración institucional consensuada por todos los partidos presentes en el Congreso recuperó ayer el espíritu político y ciudadano que hizo posible, hace veinticinco años, desterrar en pocas horas la principal amenaza involucionista que se ha cernido sobre la moderna democracia española: el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en el que se produjo el secuestro por un puñado de guardias civiles, comandados por el teniente coronel Tejero, del conjunto de los diputados y de todos los miembros del Gobierno. Hoy, aquellos hechos son recuerdos y su evocación permite constatar el gran trayecto recorrido por nuestro sistema político desde entonces hasta la modernidad actual; aunque no esté de más que, como constata la declaración aprobada ayer, el Congreso de los Diputados retome, haga suyos y actualice «los sentimientos por la libertad, por la democracia y en defensa de la Constitución» que proclamaron los ciudadanos españoles en las multitudinarias manifestaciones posteriores al golpe fallido. Un mandato que siempre es bueno redoblar.
Paradójicamente, aquel aparatoso intento que, desde luego, no favoreció en absoluto la evolución de la imagen exterior de España ni contribuyó a la superación de la estampa de país anacrónico, tuvo sin embargo el efecto de 'vacunar' definitivamente a la sociedad española contra tentaciones autoritarias de índole similar. El rechazo social al golpe militar fue tan frontal y masivo que la posibilidad de que se repitiera algo semejante desapareció de manera definitiva: todos los españoles, y el Ejército el primero, interiorizaron aquella tranquilizadora realidad. El 23-F tuvo, asimismo, otros efectos colaterales como el rotundo y claro rechazo público del Rey a los golpistas y su defensa del Estado de Derecho, que crearon vínculos sólidos entre la ciudadanía y la Monarquía. El repudio a los promotores del golpe desacreditó para siempre a la extrema derecha, que ya no encontró desde entonces el medio de regenerarse y de constituirse en una verdadera fuerza política organizada. El 23-F 'centró' así la política española.
Hoy disfrutamos de una democracia plenamente estabilizada en la que ya no tenemos que temer sobresaltos golpistas, pese a que la persistencia del terrorismo etarra, aun en sus horas más bajas, sigue siendo una terrible ligazón con aquellos tiempos de zozobra. Venticinco años después España es un país moderno, social y políticamente, insertado en Europa y homologable con las más avanzadas democracias. Pero recordando aquel negro día y el clima irrespirable que condujo a él, conviene no olvidar que la excesiva crispación, las tensiones innecesarias, los disensos demasiados ruidosos y las hostilidades sistemáticas, aunque no tengan fuerza suficiente para poner en riesgo su propia supervivencia, sí que debilitan innecesariamente nuestro modelo de convivencia.