Los términos que más se repiten en el panorama político vasco son los de 'pacificación' y 'normalización política'. No en vano hace dieciocho años los propios firmantes del Pacto de Ajuria-Enea, suscribieron un documento que se llamaba 'Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi'. Seguramente, era la primera vez que de una manera cuasi-institucional y unitaria todos los grupos políticos parlamentarios, salvo HB, afirmaban y reconocían la doble problemática a la que aluden estos dos conceptos.

Hoy, aunque los problemas persisten, se ha avanzado en la clarificación de estos términos. Mientras la pacificación nos remite fundamentalmente al cese definitivo de la violencia a través de un proceso dialogado con el Gobierno, la normalización nos sitúa en la propia sociedad y plantea como reto la necesidad de acordar un modelo de convivencia entre los propios vascos. Una de las claves para la constitución de la mesa de diálogo para la normalización es, precisamente, la consecución de un consenso básico sobre las mayorías requeridas para la aprobación del proyecto de normalización política.

Nadie pone en duda la conveniencia de que se cuente con mayorías cualificadas; sin embargo, existen en el nacionalismo vasco voces y sectores muy relevantes que defienden no sólo la legitimidad sino también la viabilidad y suficiencia de los acuerdos adoptados con mayoría absoluta, para neutralizar así el derecho de veto que por la vía de hecho se arrogarían aquellas fuerzas como el PSE que defienden mayorías más cualificadas de composición transversal.

Es indiscutible la legitimidad democrática de las decisiones que se adopten con los votos de la mayoría, aunque ésta represente el 51 por ciento. Sin embargo, no es una cuestión de legitimidad lo que debe ser objeto de discusión cuando se plantea el tema de las mayorías precisas para la adopción de acuerdos sobre el futuro político de los vascos. Estamos ante un tema eminentemente político, de enorme calado y que condiciona radicalmente el modelo de construcción nacional.

Es obvio que esta cuestión no se puede ventilar con el requisito mínimo de la mayoría absoluta. Como tampoco se puede permitir una actitud resistente amparada en la supuesta 'otra mitad'. Es imprescindible que las distintas fuerzas interioricen la necesidad de mayorías superiores a los dos tercios. Y esta reflexión, a mi modo de ver, la debe hacer particularmente el nacionalismo vasco en razón precisamente a los intereses de su propio proyecto político, tanto en su vertiente de comunidad nacional cohesionada, como en la estrictamente territorial.

Debe ser el nacionalismo vasco quien defienda las mayorías cualificadas, precisamente para evitar que otros, amparándose en esas mayorías absolutas, lleguen a cerrar definitivamente las puertas a cualquier posibilidad de colaboración o integración entre Euskadi y Navarra, excluyendo y expulsando del modelo de convivencia en el Reino Foral cualquier posibilidad para tal entendimiento. A más razones, tendríamos el caso de Iparralde. ¿A quién beneficia en estos dos últimos ámbitos la definición del modelo de convivencia con sólo la mayoría absoluta?

x.gurrutxaga@diario-elcorreo.com