El papel determinante del Rey, que resultó clave en el fracaso del golpe de Estado del 23-F, fue eliminado de la declaración aprobada ayer por el Congreso para conmemorar el veinticinco aniversario del intento de golpe de Estado y, por exigencias de ERC, IU-ICV y EA, resultó equiparado al desempeñado por «otras instituciones gubernamentales, parlamentarias autonómicas y las municipales».

Esquerra Republicana de Catalunya, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida se mostraron disconformes con el texto que les había propuesto el presidente de la Cámara, Manuel Marín, en el que se destacaba «sobre todo, la apelación del Rey a los españoles y su emplazamiento a los mandos de las Fuerzas Armadas» como elementos claves del fracaso de los golpistas.

Los hoy todavía parlamentarios Juan Carlos Guerra Zunzunegui, Txiki Benegas, Alfonso Guerra, Gabriel Cisneros, José Acosta, Luis Gámir y el propio Marín se encontraban en el hemiciclo cuando irrumpió, pistola en mano, el teniente coronel Antonio Tejero. Un cuarto de siglo después, el malestar entre los más veteranos era evidente al conocer los términos de la declaración pactada con los grupos minoritarios. «Es muy respetable ser republicano, pero no se puede reinventar la historia», comentó un diputado socialista. «No se puede equiparar el papel del Rey con el del resto de la sociedad porque la sociedad civil, aquella noche, se fue a casa con mucho miedo», apuntó otro parlamentario que vivió el 23-F en las filas de la UCD.

La negociación

La declaración institucional fue impulsada por el líder de IU, Gaspar Llamazares, en la reunión de la Junta de Portavoces del pasado martes. Fuentes parlamentarias aseguran que el presidente de la Cámara baja se mostró reticente a llevar la iniciativa y propuso que fueran las fuerzas políticas quienes acordaran el documento, que él asumiría y plantearía como declaración institucional. Sin embargo, los portavoces estuvieron de acuerdo en encargar al presidente la confección del texto.

Marín, a su vez, pidió al vicepresidente de la Mesa y ponente constitucional, Gabriel Cisneros, la elaboración de un documento de trabajo. En el papel inicial, de folio y medio, ya figuraba la destacada influencia de don Juan Carlos para que el golpe resultara fallido. Incluso abundaba en la misma idea y decía que la Cámara baja «quiere también reiterar su lealtad a S. M. el Rey, cuyas legitimidades constitucional y dinástica se vieron acrecentadas desde aquella madrugada por una masiva adhesión social y popular de inusitadas dimensiones».

En una segunda versión que elaboró Marín, oídas las distintas opiniones de los grupos, desapareció este reconocimiento a la Corona, pero se mantuvo la referencia a su papel determinante en el desarrollo de los acontecimientos. Las fuentes antes citadas aseguran que diputados de ERC, EA e IU pusieron pegas al texto. Harto de estas exigencias, el presidente del Congreso se negó a modificar de nuevo la declaración.

Los grupos discrepantes y el PSOE concluyeron la negociación ayer por la mañana al ponerse de acuerdo con una redacción que equipara el papel del Rey con el de otras instituciones gubernamentales, autonómicas y municipales.

El PP criticó el proceso, pero asumió la redacción final para no bloquearla, dado que una declaración institucional sólo puede ser aprobada por unanimidad. Los populares'aseguran que admitieron el texto pactado por miedo a que su negativa pudiera ser utilizada por sus adversarios políticos para poner en duda su condena y censura a los golpistas del 23-F.

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, desde Sevilla, calificó de «intolerable» la imposición de quienes rebajaron el papel del Rey y acusó a los socialistas de «bajarse los pantalones» ante las exigencias de sus socios parlamentarios. «Es una vergüenza y una falta de respeto a la verdad y a la Historia», sentenció el presidente del PP.