La Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya se ha sumado a la guipuzcoana. Como anunció ayer, presentará un recurso contencioso administrativo para pedir la suspensión del decreto aprobado por el Gobierno vasco para liquidar las entidades de los tres territorios como corporaciones de derecho público. Según explicó el portavoz de la entidad vizcaína, la decisión del Ejecutivo «supondría un daño irreparable para los cerca de 240.000 asociados». Las tres cámaras vascas están en manos de un interventor -designado por el departamento de Vivienda- desde el pasado miércoles, fecha de entrada en vigor del decreto.

La solución planteada por la institución vizcaína al Gobierno vasco para evitar el cierre de la entidades pasa por la regulación de las Cámaras de la Propiedad Urbana como entidades representativas del sector inmobiliario de la comunidad autónoma, tal y como se ha hecho en otras autonomías como Castilla-León o Cataluña.