El Ayuntamiento ha decidido dar un paso más para combatir los comportamientos incívicos en las calles de Bilbao. El camino elegido ahora ha sido la normativa municipal de tenencia y protección de animales. Pese a que su adecuación a la legislación autonómica y estatal no supondrá «grandes cambios» respecto a la ordenanza todavía en vigor y que data del año 2000, una de las novedades será la prohibición de alimentar a animales en la vía pública. En este capítulo se incluyen palomas, perros o gatos vagabundos. Los ciudadanos que infrinjan la normativa se enfrentarán a sanciones de hasta 600 euros. Esta idea ya se recoge en la ordenanza de zonas verdes de 2003, que prohíbe alimentar a palomas y patos en los parques públicos.
El proyecto del Áera de Salud y Consumo del Consistorio debe ser aprobado por la Junta de Gobierno y posteriormente recibir el visto bueno del pleno. Por ello, no será hasta avanzado marzo cuando entre en vigor, tal y como avanzó el concejal Joseba Ruiz de Loizaga, quien compareció acompañado del director del departamento, Javier Orduna. De esta forma, Bilbao será la primera capital vasca que se adapte a la legislación autonómica. La redacción del proyecto ha sido consensuada entre los técnicos municipales y Eudel, la asociación de municipios vascos.
Entre las novedades, destaca una mayor regulación de los perros potencialmente peligrosos. En la ordenanza actual se habla de «animales de riesgo» y no se tiene en cuenta la raza, ya que el veterinario es quien decide sobre la peligrosidad del can. Con la nueva normativa, se establecerá un catálogo de razas peligrosas.
Mejora del bienestar
Otro de los objetivos será combatir el maltrato a los animales. Lo que se busca es la mejora de su bienestar estipulando medidas más severas en el capítulo de obligaciones de los propietarios, como las agresiones o los abandonos.
El régimen sancionador, por su parte, se dividirá en tres apartados, perros peligrosos, protección de animales y residuos. Lo dicho. Quien alimente a los animales en la calle, se enfrenta a una sanción de hasta 600 euros, la misma cantidad ya estipulada para quien no recoja las deyecciones de su perro. En lo referido a la protección de animales, las multas podrían ser de hasta 15.025 euros, en los casos de muerte por agresión o envenenamiento. La falta de identificación, por ejemplo, podría sancionarse con hasta 300 euros. Respecto a las razas peligrosas, se mantienen las multas ya existentes, las cuales podrían ascender a 15.025 euros si el dueño carece de licencia.
Según explicaron fuentes municipales, desde que en 2002 se actualizó la normativa de perros peligrosos, Salud y Consumo ha abierto casi 400 expedientes por alguna deficiencia en la licencia, cuyo precio asciende a 142 euros por propietario. Lo que ocurre, aclaran los mismos medios, es que las personas que pasean un perro de estas características, aunque no sean los dueños, también deben tener un permiso, cuya tarifa es de 62 euros. Respecto a las actuaciones de las Policía Municipal, en 2005 se incoaron 42 expedientes por heces o llevar el perro suelto.
Por otra parte, Loizaga adelantó que en breve comenzará la campaña municipal de captura de palomas. Durante el pasado año se recogieron más de 2.500 repartidas en treinta puntos de la ciudad. La prioridad es capturar a aquellos ejemplares con signos de enfermedad o debilidad provocadas, sobre todo, porque «sus estómagos no aceptan la comida que les da la gente».