El problema del lindane en Barakaldo ha retomado actualidad. El Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad fabril ha instado al Instituto Nacional de Toxicología a que se pronuncie sobre si el «almacenamiento clandestino» de lindane en las antiguas instalaciones de la empresa Bilbao Chemicals, en la vega de Ansio, supuso un grave riesgo para «la salud humana, el medio ambiente o la vida animal». Este requerimiento supone un avance en la querella criminal interpuesta por la asociación ecologista Lur Maitea en 2001 contra la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno vasco (Ihobe), propietaria entonces de los terrenos.

La jueza encargada del caso ha solicitado también una valoración del riesgo que pudo implicar la actividad de la fábrica que promovió el Ejecutivo y que convirtió, entre 1999 y 2001, casi 5.000 toneladas de lindane puro en triclorobenceno, un material útil en la elaboración de diferentes productos industriales. Asimismo, la entidad investigadora deberá evaluar la afección de los vertidos de lindane que Ihobe realizó en aquella época al río Galindo.

El Instituto Nacional de Toxicología tendrá que valorar ahora el riesgo de las muestras que ya tomó en la zona en el año 2001. Los análisis detectaron entonces elevadas cantidades de metales pesados como plomo o arsénico, además de elementos contaminantes relacionados con el lindane. «Almacenaron y trataron residuos tóxicos en una zona muy densamente poblada y lo hicieron, incluso, con prevaricación, pues conocían los riesgos y la ilegalidad del proyecto por dos informes previos solicitados a empresas independientes», asegura la portavoz de Lur Maitea, Consuelo Elosua.

Peligro «letal»

Los estudios imparciales advertían sobre el alto riesgo de los residuos tóxicos para la población. Según el primer informe, elaborado por la empresa Itsemap Fuego, un accidente grave en las instalaciones hubiera sido «letal» para los habitantes de barrios como «Lutxana, Landaburu, Cruces o Zuazo». La firma descubrió, además, tierras contaminadas en diversas zonas de la ciudad e incluso concentraciones de lindane en los filtros de aire acondicionado del hospital de Cruces.

Posteriormente, la compañía Gil y Carvajal advirtió sobre la posible responsabilidad civil y penal del Gobierno vasco, como responsable de los terrenos contaminados, al permitir el «almacenamiento clandestino e ilegal» del lindane en pésimas condiciones de seguridad. El estudio también descubrió la inexistencia de ciertas licencias de actividad por parte del Ihobe.