Es rentable la estrategia, o la táctica, de lanzarse a la calle a protestar contra el Gobierno? El Partido Popular, o al menos sus principales dirigentes, parece convencido de ello. La imagen de Aznar, acompañado de Esperanza Aguirre, firmando en una mesa del PP para recoger adhesiones que transformarán, al final, en una petición de referéndum de contenido aún algo difuso, pero implícitamente contrario al Estatut catalán, es todo un símbolo. Cierto es que el PP tiene motivos más que sobrados para sentirse agraviado por el Gobierno de Zapatero: fue marginado de cualquier negociación sobre el Estatut, y está siendo dejado de lado en el proceso de paz con ETA. Y eso que Zapatero asegura que comprende que la cosa difícilmente saldrá adelante sin el concurso del PP. Que, eso no lo dice pero se sobreentiende, sigue contando con al menos diez millones de votos que lo respaldan, según se desprende de los resultados de las encuestas del CIS, no tan pesimistas últimamente con el partido de Rajoy, por mucho que éste no logre aprobar en el ánimo de los electores.

Pero ocurre, al tiempo, que el PP se ha instalado en una incómoda -para los socialistas y hasta para los populares- posición aferrada al 'no a todo'. No aceptan un posible final feliz para el Estatut catalán, pese a muchos indicios en contrario; no aceptan negociación alguna con ETA. Y niegan el pan y la sal al Gobierno Zapatero en todos los terrenos, en una extremadamente radical labor de oposición. Ahí está la campaña de recogida de firmas, no unánimemente comprendida en el interior del PP, pero que está derivando en una tensión máxima entre socialistas y populares ante el pasmo del país entero. Y ahí está la vuelta, como la pasada primavera, a la estrategia de las manifestaciones, opción que tampoco suscita entusiasmos unánimes en el PP. No quieren, dicen algunos, estar en la actitud 'pancartera' que tuvo Zapatero en el pasado.

Éste es el debate interno que se vive en el PP pocos días antes de una convención de este partido que debería marcar un antes y un después en la labor de oposición. Pero que, por lo que se va sabiendo, va a dejar las cosas básicamente como están: apenas alguna incorporación -la presidenta del extinto CDS de Adolfo Suárez- a la ejecutiva, pero pocos retoques de fondo a la estructura dirigente. Tampoco parece que las voces críticas con determinadas estrategias, como la recogida de firmas para el referéndum sobre la unidad de la nación, vayan a escucharse demasiado en la cumbre del PP. No es el momento de la autocrítica, ni en el Gobierno ni en la oposición. ¿Cuándo será? Faltan dos años aún para el fin normal de la legislatura, y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelaba hace unos días que el PP y el PSOE empatan en intención de voto. La demoscopia no parece interesarse por la sensibilidad ciudadana, a la que vapulea sin piedad el enfrentamiento político, y le anuncia que va a soportar dos años más de oposición popular y de Gobierno socialista. Y que esos dos años pueden ser un calco de los dos anteriores. Para echarse a temblar.

El empate técnico entre los dos partidos mayoritarios señala a favor del PSOE la ligerísima diferencia de 1,6 puntos, cuatro décimas menos que en el pasado octubre. Los socialistas no sufren un deterioro inquietante, dadas las encrucijadas en que se mueve su Gobierno, mientras que al PP le estaría dedicando su clientela electoral una fidelidad al parecer inquebrantable. Y esa fidelidad podría interpretarse en Génova 13 como un estímulo para prolongar hasta las elecciones de 2008 la actual estrategia política, que se reduce a disparar contra todo lo que se mueve si lleva la estampilla del PSOE o del Gobierno.

Se plantean así situaciones que, por su reiteración, no producen tanto aburrimiento como hastío. La vicepresidenta Fernández de la Vega asegura tras el Consejo de Ministros que el Gobierno no mantiene contactos con ETA, ni a través de personajes interpuestos, y pide a los medios y a los políticos prudencia y renuncia a las especulaciones. Cuando ETA abandone la violencia, el presidente irá al Congreso, de acuerdo a su compromiso, para explicar a la Cámara la nueva situación, e implicarla de algún modo en el manejo de esa situación. Como era de esperar, en la acera de enfrente surgen voces del PP reiterando que Zapatero va a pagarle a ETA un precio político, y el secretario general Acebes insiste en que el presidente tiene que decir que no va a pagar. Pero el pago a ETA de un precio político no está al alcance de Zapatero, pues en el llamado proceso de diálogo que iniciaría la tregua etarra sólo intervendrían partidos o colectivos políticos, y por mucho que alguno de ellos defendiera los postulados de la banda, en el País Vasco hay suficiente densidad social de cordura y de rechazo a los radicalismos como para que ETA no pudiera ganar después de muerta ninguna batalla.

Pero dos años más de campaña electoral, radicalizándose la oposición a medida que el Gobierno fuera desmontando sus imputaciones, o halagando el Gobierno progresivamente a sus votantes más evasivos para retenerlos o recuperarlos, si algunas imputaciones del PP se mostrasen certeras, nos iban a hacer muy largo el milenio.